La presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza, afirmó que el recién publicado proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD) ya presenta dos irregularidades graves que violan la normativa vigente.
Proyecto sin autorización de la Junta de Gobierno
La panista aseguró que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva no aprobó el proyecto a través de su Junta de Gobierno, pese a que la Ley Orgánica del Instituto establece que tanto el Plan General de Desarrollo como el Programa General de Ordenamiento Territorial deben contar con el visto bueno del máximo órgano de decisión.
“Nosotros le preguntamos personalmente a la directora del Instituto y nos confirmó que no, que no fue aprobado por la Junta; entonces el documento que promueve el Gobierno capitalino no tiene el respaldo del Instituto y, sin ese aval, se debilita completamente la legitimidad del proyecto”.
— Olivia Garza
Sin periodo de difusión obligatorio
La legisladora panista señaló una segunda ilegalidad: la omisión del periodo de difusión contemplado por el artículo 43 de la Ley del Sistema de Planeación de la Ciudad de México. Este apartado obliga al Gobierno capitalino a difundir ampliamente el contenido del PGD para que la ciudadanía pueda conocerlo, revisarlo y participar antes de su aprobación.
“El Gobierno publicó el proyecto para su consulta, omitiendo el periodo de difusión; ahí está su convocatoria, señala claramente que es una consulta. Lo que vemos es un intento de validar un proceso irregular, donde se pretende aparentar apertura ciudadana mientras se incumple la propia ley. Lo advertimos: ¡es una simulación!”.
— Olivia Garza
Exigen corregir irregularidades de inmediato
Olivia Garza urgió al Instituto de Planeación a corregir ambos procedimientos “para restituir la legalidad del instrumento urbano que regirá el futuro de la Ciudad para los próximos 20 años”.
“El Instituto se saltó dos pasos esenciales: la difusión pública y la aprobación del proyecto por parte de su órgano rector. No solo es un error administrativo, es una violación directa a la ley y un intento de burla a la ciudadanía”.
— Olivia Garza