La Corte Suprema de Perú sentenció al expresidente Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, a casi tres años del intento de autogolpe del 7 de diciembre de 2022. La resolución fue emitida por la Sala Penal Especial, que también dictó condenas contra la ex primera ministra Betssy Chávez, el exministro Willy Huerta y el exasesor Aníbal Torres.
El tribunal, integrado por los jueces José Neyra, Norma Carbajal e Iván Guerrero, determinó que los acusados coordinaron acciones para vulnerar el orden constitucional. Según la sentencia, el mensaje televisado en el que Castillo anunció la disolución temporal del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción constituye una prueba suficiente de conspiración, pese a que no se concretó un alzamiento armado.
Castillo y Betssy Chávez recibirán la misma pena, además de dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En el caso de Torres, la condena fue fijada en 6 años y 8 meses, mientras que para Huerta la ejecución de la pena quedó suspendida de manera provisional, a la espera de una eventual apelación.
El tribunal también impuso una reparación civil de 12 millones de soles y descartó el delito de perturbación a la tranquilidad pública por considerarlo subsumido en la conspiración.
Conspiración para la rebelión
El fallo recuerda que el 7 de diciembre de 2022, Castillo leyó un mensaje a la Nación donde anunció la disolución del Congreso, la reorganización del Poder Judicial y un toque de queda nacional.
Minutos después, el Congreso lo destituyó y Dina Boluarte asumió la presidencia. Ese mismo día, el exmandatario fue detenido cuando se dirigía a la Embajada de México, donde su familia sí logró ingresar para solicitar asilo. Según la Sala, esa salida apresurada acreditó su intención de fugar.
De acuerdo con la sentencia, Betssy Chávez ordenó movilizar el vehículo oficial hacia la Embajada de México y facilitó el ingreso irregular de periodistas a TV Perú para difundir el mensaje. En tanto, Willy Huerta habría permitido el uso de su teléfono para coordinar el cierre del Congreso con el comandante general de la Policía.
Perú en crisis
El fallo se emite en un contexto de fuerte inestabilidad política en Perú, que desde 2016 ha tenido siete presidentes, varios de ellos destituidos o procesados. Un día antes, el exmandatario Martín Vizcarra también fue encarcelado por un caso de corrupción.
Durante su alegato final, Castillo insistió en que es un mandatario “secuestrado” y víctima de un “golpe del Congreso”. Negó buscar clemencia y pidió justicia al tribunal.
La sentencia será notificada en su versión íntegra en los próximos días y aún puede ser apelada ante instancias superiores.