La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la validez del decreto que declara como Área Natural Protegida la zona del Lago de Texcoco, en el Estado de México, donde anteriormente se proyectaba la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
En sesión de Pleno realizada el 16 de abril de 2026, el máximo tribunal resolvió los amparos en revisión 480 y 479, promovidos por ejidatarios del municipio de Atenco, quienes argumentaban que la medida vulneraba su derecho a la propiedad agraria y al uso de sus tierras.
Protección ambiental prevalece sobre intereses particulares
La Corte determinó que la declaratoria como Área de Protección de Recursos Naturales es constitucional, al considerar que la propiedad de la tierra corresponde originalmente a la Nación, la cual puede imponer restricciones cuando exista un interés público superior, como la protección del medio ambiente.
En ese sentido, los ministros precisaron que limitar ciertas actividades o regular el uso del suelo no implica la desaparición del derecho de propiedad, sino una restricción legítima para cumplir fines constitucionales, como garantizar el derecho a un medio ambiente sano.
Ejidatarios fueron informados y escuchados
En el análisis del caso, la SCJN también concluyó que los ejidatarios fueron debidamente notificados y tomados en cuenta durante el proceso.
De acuerdo con la resolución, las autoridades realizaron reuniones informativas y explicaron los alcances de la declaratoria, incluyendo la posibilidad de continuar con actividades agrícolas, siempre que se realicen bajo criterios sustentables.
Zona clave tras cancelación del NAIM
El Lago de Texcoco se convirtió en un punto estratégico en materia ambiental y política tras la cancelación del aeropuerto impulsado en el sexenio anterior, lo que derivó en un cambio de enfoque hacia la restauración ecológica del área.
La decisión de la Corte consolida este giro, al cerrar la puerta a impugnaciones legales que buscaban revertir la protección del ecosistema.
Impacto ambiental y legal
Con este fallo, la SCJN refuerza el marco jurídico para la protección de zonas ecológicas en México, al establecer que el interés ambiental puede prevalecer sobre el uso individual de la tierra.
La resolución también sienta un precedente sobre la facultad del Estado para regular territorios estratégicos en función del equilibrio ecológico y la sustentabilidad.