Luego de que el Congreso de Guerrero impidiera al Ayuntamiento de Acapulco aumentar directamente el impuesto predial para 2026, el gobierno municipal de Abelina López ha puesto en marcha una estrategia alterna: una revaluación catastral masiva que, en la práctica, podría derivar en incrementos de hasta el 20% en el cobro para 2027.
La medida consiste en actualizar la base gravable de miles de inmuebles mediante visitas técnicas para revisar metros cuadrados de construcción, acabados y áreas comunes, así como la aplicación de nuevos valores unitarios vinculados a la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Especialistas y despachos jurídicos advierten que este mecanismo funciona como un “Plan B” para elevar la recaudación sin modificar las tasas impositivas. Es decir, aunque el porcentaje del predial no cambie, el aumento en el valor catastral de las propiedades impactaría directamente en el monto a pagar.
En la práctica, esto ya comienza a reflejarse. Vecinos de distintas zonas del puerto, particularmente en el área Diamante y Brisas, han empezado a recibir notificaciones oficiales sobre la revisión de sus inmuebles. En algunos casos, los nuevos valores catastrales entrarían en vigor apenas en el siguiente bimestre.
Sin embargo, la medida ha generado inconformidad. Más de 200 propietarios han manifestado su rechazo, al considerar que se trata de un incremento encubierto. Además, acusan irregularidades en el proceso.
Entre las principales quejas destacan notificaciones entregadas a personal sin facultades legales, citatorios fijados directamente en puertas sin agotar procedimientos previos, así como falta de justificación técnica en los aumentos de valor, que —aseguran— no corresponden al precio real de mercado de los inmuebles.
Ante este escenario, despachos legales ya preparan juicios de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con el objetivo de frenar las actualizaciones catastrales.
Los especialistas advierten que los propietarios cuentan con un plazo de apenas 15 días hábiles tras recibir la notificación para impugnarla, por lo que recomiendan reunir documentación como boletas prediales, escrituras y, en su caso, actas constitutivas.
Mientras el Ayuntamiento continúa con las brigadas de revisión, el conflicto escala entre autoridades y ciudadanos, en lo que podría convertirse en una disputa legal de alto impacto rumbo a 2027.