La crisis de vivienda en México enfrenta un punto crítico: pese a la disposición del sector inmobiliario para colaborar con el Gobierno federal en la construcción de vivienda asequible, la falta de certeza jurídica, la escasez de suelo y la lentitud en los permisos mantienen frenada la solución a un rezago que alcanza cerca de 10 millones de hogares.
Representantes de la industria advirtieron que, aunque existe voluntad política para atender el problema, no hay instrumentos suficientes para ejecutar proyectos en zonas consolidadas, donde se concentra la demanda habitacional.
Industria advierte rezago pese a voluntad política
Jorge Gordon, representante de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), señaló que el principal desafío es la disponibilidad de suelo apto cerca de los centros de trabajo, condición indispensable para reducir el rezago y evitar la expansión desordenada de las ciudades.
En el mismo sentido, Federico Cerdas Ortiz, directivo de Global Businesses Inc, planteó que el acceso a la vivienda debe entenderse como un tema de justicia social, al advertir que no basta con incrementar la oferta, sino garantizar que los desarrollos cuenten con condiciones dignas y servicios eficientes.
Uno de los principales cuellos de botella se encuentra en la regulación administrativa. De acuerdo con desarrolladores, los permisos para proyectos de gran escala pueden tardar más de dos años, lo que retrasa la inversión y limita la capacidad de respuesta ante la creciente demanda.
Norma 26 busca destrabar vivienda en CDMX
En la Ciudad de México, las autoridades buscan revertir este escenario mediante el regreso de la Norma 26, que establece un precio máximo de 2 millones 31 mil pesos por vivienda y pretende reducir los tiempos de autorización a aproximadamente tres meses, con mecanismos de control para evitar irregularidades.
Especialistas explicaron que el costo del suelo representa hasta 30% del valor de una vivienda, mientras que la construcción —incluyendo mano de obra e insumos— concentra alrededor de 60%, lo que deja un margen limitado para reducir precios sin intervención del Estado.
Déficit estructural y presión en precios
Informes de BBVA México advierten que la oferta de vivienda es insuficiente frente a una demanda en constante crecimiento, lo que encarece el acceso al patrimonio, especialmente entre los jóvenes.
El banco señaló que, para revertir esta tendencia, es necesario flexibilizar los permisos de construcción y promover modelos de desarrollo vertical en las principales zonas metropolitanas.
Ante este panorama, especialistas coincidieron en que la cooperación entre el sector público y privado es clave para atender la crisis. Entre las propuestas destaca un esquema en el que el Estado aporte suelo a precios accesibles, mientras que la iniciativa privada se encargue del desarrollo de vivienda.