La reforma judicial en México enfrenta un nuevo giro: legisladores de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado presentaron una iniciativa para aplazar la elección de jueces, magistrados y ministros prevista para 2027, con el argumento de evitar riesgos institucionales y fortalecer la calidad técnica del sistema.
La propuesta plantea trasladar el proceso electoral judicial a 2028, con el objetivo de separarlo de los comicios federales y locales de 2027, que podrían saturar la atención de los votantes y afectar la evaluación de perfiles.
Implicaciones de la elección judicial
De acuerdo con los promoventes, realizar ambos procesos de manera simultánea implicaría un entorno de sobrecarga informativa, menor análisis ciudadano y un posible incremento del voto desinformado, además de una mayor politización de las candidaturas judiciales.
También advirtieron que el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrentaría presión operativa y financiera si ambos ejercicios coinciden en el mismo calendario.
Uno de los cambios más relevantes es la modificación de los requisitos para aspirantes a cargos judiciales. La iniciativa elimina el criterio de promedio académico mínimo, al considerar que no necesariamente refleja la capacidad profesional.
En su lugar, se propone establecer certificaciones de competencias a través de la Escuela Nacional de Formación Judicial, así como evaluaciones técnicas estandarizadas.
Además, se plantea incrementar de cinco a diez años la experiencia mínima requerida para quienes busquen integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
INE asumiría mayor control del proceso
La iniciativa también contempla que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea el encargado de emitir la convocatoria para la selección de candidaturas judiciales, función que actualmente corresponde al Senado.
Para homologar los criterios de evaluación, se propone la creación de un Comité Único integrado por representantes de los tres poderes de la Unión.
Debate entre fortalecimiento y cálculo político
Aunque los impulsores de la propuesta sostienen que se trata de un ajuste para fortalecer el sistema judicial, el planteamiento se da en un contexto de tensiones sobre la implementación de la reforma.
La exministra Olga Sánchez Cordero reconoció que el aplazamiento “no es lo deseable, pero es lo posible”, lo que sugiere que la iniciativa responde también a condiciones políticas y operativas.
El proyecto contempla reformas constitucionales, por lo que requerirá mayoría calificada en el Congreso para su aprobación. Hasta el momento, no existe certeza sobre su discusión en un periodo extraordinario, lo que mantiene en incertidumbre el futuro de la elección judicial y su calendario definitivo.