El juez federal Kenneth M. Hoyt, del Distrito Sur de Texas, desestimó con perjuicio todos los cargos en contra del empresario mexicano Ramon Alexandro Rovirosa Martínez, quien era acusado en Estados Unidos en un caso relacionado con presuntos pagos indebidos vinculados a contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex), con lo que el expediente 4:25-CR-00415 queda cerrado de manera definitiva.
El proceso fue llevado en ese país bajo el marco legal que permite a autoridades estadounidenses investigar posibles irregularidades en operaciones internacionales cuando existe algún vínculo con su jurisdicción, como transacciones, empresas o esquemas financieros relacionados con su territorio.
La resolución fue emitida con base en las facultades de supervisión del tribunal. De acuerdo con la defensa, la decisión responde a lo que calificó como una “desobediencia deliberada de la ley” por parte del gobierno.
La estrategia legal fue encabezada por el abogado Ryan McConnell, del despacho R. McConnell Group, junto con la abogada Catherine M. Maraist.
El equipo sostuvo que la actuación del gobierno no fue un hecho aislado, sino un patrón de conducta que, según su argumentación, afectó la integridad del sistema judicial.
La moción presentada por la defensa y aprobada por el juez se centró en distintos elementos jurídicos relacionados con el debido proceso. Entre ellos, se encuentra la aplicación de la doctrina de facultades de supervisión, con base en precedentes como United States v. Bundy, que permite a un tribunal desestimar una acusación para proteger la integridad judicial y prevenir conductas indebidas por parte de la fiscalía.
En su exposición, la defensa señaló que la fiscalía utilizó una moción de detención (Doc. No. 11), que —según su dicho— carecía de sustento en las Reglas Federales de Procedimiento Penal, para incorporar al expediente público señalamientos sobre actos ilegales. De acuerdo con el equipo jurídico, la difusión posterior de esa información generó un impacto que, según su versión, desincentivó la participación de posibles testigos en el proceso.
Asimismo, la defensa argumentó que el gobierno incumplió con su obligación constitucional de entregar evidencia exculpatoria, conforme al precedente Brady v. Maryland. Señaló que la fiscalía aseguró haber entregado copias forenses de dispositivos electrónicos, cuando —según su versión— solo proporcionó fragmentos de información que no permitían conocer el contexto completo de las comunicaciones.
El análisis presentado por la defensa también indica que la acusación avanzó sin la presentación de testigos de hecho.
Según su exposición, se intentó utilizar el testimonio de una persona con antecedentes penales sin conocimiento directo de los hechos, así como el de un supuesto experto en derecho mexicano cuya acreditación fue cuestionada.
También se expuso que parte de la evidencia, consistente en mensajes de texto, fue presentada en etapas finales del juicio, lo que, de acuerdo con la defensa, limitó la posibilidad de ejercer el derecho a la confrontación y al contrainterrogatorio.
Al dictar la desestimación con perjuicio, el juez Kenneth M. Hoyt determinó que el daño causado al acusado era irreparable, por lo que los cargos no podrán ser presentados nuevamente.
Con esta resolución, el proceso penal en contra de Rovirosa en Estados Unidos queda concluido de manera definitiva.