El Partido de la Revolución Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados está proponiendo una presión para viudas y huérfanos de personas fallecidas por hechos de violencia vinculados al crimen organizado, ya que el objetivo de este pago sería evitar la pobreza y exclusión en los familiares de víctimas.
“Esta iniciativa busca evitar que la violencia genere una segunda víctima: la supervivencia de los hogares. No se trata de asistencialismo, sino de justicia constitucional”, sostuvo.
La propuesta plantea que este apoyo no sea menor al salario mínimo mensual vigente, y que se convierta en un derecho permanente, exigible y alejado de la discrecionalidad administrativa, de ahí que no se trate de un respaldo temporal o condicionado.
Por ello, Rubén Moreira, coordinador de los priistas en San Lázaro, señaló que la violencia no sólo cobra vidas, sino también deja a miles de familias en condiciones de vulnerabilidad, especialmente cuando desaparece el principal sostén económico del hogar.
¿Cómo funcionaría la pensión para viudas y huérfanos por el crimen?
El proyecto contempla la creación del Fondo Nacional de Pensiones para Víctimas de la Violencia, que sería administrado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
De acuerdo con lo planteado por el legislador priista, este fondo se integraría con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, bienes decomisados al crimen organizado, donaciones y otras aportaciones, bajo criterios de transparencia y rendición de cuentas.
La propuesta también busca adicionar el artículo 4º constitucional para reconocer expresamente el derecho de viudas y huérfanos a recibir una pensión digna en estos casos.
Como parte de su argumentación, Moreira señaló que en 2024 México registró 33 mil 241 homicidios, con una tasa de 25.6 por cada 100 mil habitantes.
Además, expuso que 23.1 millones de personas fueron víctimas de algún delito, mientras que 93.2% de estos no se denunció o no derivó en investigación.
En tanto, el coordinador parlamentario del PRI, estas cifras muestran que el impacto de la violencia no termina en la comisión del delito, sino que se prolonga en los hogares que quedan desprotegidos tras la pérdida de un familiar.