En medio de la polémica por el presunto uso de recursos de la Embajada de México en Londres en favor del hijo de Marcelo Ebrard, el abogado Antonio Cuéllar planteó que el caso debe analizarse con mayor cautela antes de emitir conclusiones.
En una columna publicada en El Financiero Cuéllar advierte que, con la información disponible hasta ahora, “la respuesta es sumamente difícil de dar” y considera que no es posible afirmar de manera contundente que se haya violado la ley.
El especialista recurre a una analogía futbolística para ilustrar su postura: “Como en el futbol, la jugada tiene que revisarse en el VAR. Difícilmente puede afirmarse, con tan poca información, que hubo fuera de lugar”.
El debate surge tras revelarse que el hijo del excanciller habría recibido apoyo durante su estancia en Reino Unido en 2021, lo que generó cuestionamientos sobre un posible uso indebido de recursos públicos.
Sin embargo, Cuéllar subraya que existe una diferencia clave entre las funciones de una embajada y la residencia oficial del embajador. Mientras la primera tiene un carácter estrictamente público y diplomático, la segunda —aunque puede ser utilizada para actos protocolarios— también es un espacio de vida privada.
“Si el hijo de Marcelo Ebrard vivió en la residencia de la embajadora, por invitación de esta, […] entonces es posible que no se hayan desviado recursos públicos para atender un propósito de carácter privado”, sostiene.
El jurista también enfatiza que la Ley del Servicio Exterior Mexicano contempla ciertos derechos para los embajadores, como el acceso a vivienda, lo que forma parte de sus condiciones laborales en el extranjero.
En ese sentido, advierte que, mientras no existan pruebas de uso directo de recursos de la embajada —como oficinas, líneas oficiales o insumos destinados a actividades diplomáticas—, las acusaciones permanecen en el terreno de los señalamientos.
Cuéllar también cuestiona la rapidez con la que se han emitido juicios desde algunos espacios mediáticos, al considerar que incorporar valoraciones legales sin el debido sustento puede derivar en afectaciones reputacionales.
“La línea es delgada”, reconoce el autor, aunque insiste en que el caso no necesariamente es equiparable a otros episodios de uso indebido de recursos públicos.
Por ahora, concluye, el tema sigue más cerca del debate público que de una resolución jurídica definitiva.