La justicia de Estados Unidos dio un giro en el caso contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores al permitir que ambos puedan utilizar fondos vinculados al Estado venezolano para financiar su defensa legal en Nueva York.
La decisión se produce luego de que sus abogados privados abandonaran el caso al no poder cobrar sus honorarios debido a las sanciones impuestas sobre activos venezolanos, particularmente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
El juez federal Alvin Hellerstein, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, resolvió el pasado 22 de abril activar la defensa pública para garantizar el derecho constitucional de los acusados, mientras se definía el acceso a recursos para su representación legal.
Disputa por el dinero bloqueado
Durante semanas, el equipo legal de Maduro y Flores argumentó que las restricciones financieras impedían ejercer plenamente su derecho a la defensa, protegido por la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense.
Los fiscales, por su parte, defendieron la legalidad de las sanciones y se opusieron a que se liberaran fondos vinculados al Estado venezolano para cubrir gastos legales.
Finalmente, el tribunal permitió avanzar con un esquema que garantiza la representación de los acusados, en medio de un proceso marcado por tensiones legales y políticas.
El caso sigue abierto
Maduro y Flores enfrentan cargos por conspiración para el narcotráfico, tráfico de armas y otros delitos relacionados con operaciones ilícitas que, según las autoridades estadounidenses, afectaron intereses de Estados Unidos.
El proceso judicial continúa a la espera de que el juez determine la fecha de una tercera audiencia, mientras el caso sigue generando atención internacional por sus implicaciones políticas y legales.