La iniciativa de Ley de Rentas Justas en la capital ha desatado críticas desde el Congreso CDMX, donde el Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que esta propuesta evidencia las deficiencias del Plan General de Desarrollo (PGD) para atender de fondo el problema de la vivienda.
La presidenta de la Comisión de Planeación del Congreso CDMX, Olivia Garza, afirmó que la intención de regular los precios de renta representa, en los hechos, una admisión del propio Gobierno de la Ciudad de México de que su estrategia de planeación urbana será insuficiente para combatir la gentrificación.
Según la legisladora panista, el PGD no solo minimiza el fenómeno —al mencionarlo apenas en dos ocasiones—, sino que carece de mecanismos efectivos para garantizar vivienda accesible a miles de familias que actualmente enfrentan el encarecimiento del mercado inmobiliario.
“La Ley de Rentas Justas no surge de la nada; surge porque el Gobierno sabe que el Plan General de Desarrollo no resolverá el problema de la gentrificación ni la falta de vivienda. Al intervenir para controlar rentas, están reconociendo esa falla”.
— Olivia Garza
El aumento en los precios de vivienda y el desplazamiento de comunidades no son fenómenos aislados, sino consecuencia de decisiones estructurales relacionadas con el uso de suelo, la densificación urbana y la falta de incentivos para el desarrollo de vivienda social.
En ese sentido, criticó que, en lugar de corregir las fallas de origen en la planeación, se opte por medidas que solo atienden los efectos del problema.
“Advertimos a tiempo que el PGD carecía de elementos suficientes para garantizar vivienda asequible. Hoy vemos que se pretende intervenir el mercado con medidas que atienden los síntomas, pero no las causas“.
— Olivia Garza
La legisladora panista consideró que una política de vivienda efectiva debe centrarse en incrementar la oferta habitacional, ordenar el crecimiento urbano y establecer incentivos claros para el desarrollo de vivienda social, en lugar de limitarse a regular precios.
Asimismo, señaló que si el PGD —instrumento rector de las políticas públicas para los próximos 20 años— no contempla soluciones estructurales, cualquier intento de control de rentas será solo una medida temporal sin impacto de largo plazo.
“Si hoy se plantea una ley para controlar rentas, significa que el propio gobierno reconoce que el instrumento de planeación no cumplirá ese objetivo. El debate de fondo debe centrarse en la coherencia de la política pública y en fortalecer la planeación urbana”, concluyó.