El Congreso de la Ciudad de México dio trámite en el Pleno a la iniciativa de rentas justas, razonables y asequibles impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la turnó a comisiones para su análisis y eventual dictaminación.
Durante la sesión ordinaria, el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, informó que el proyecto —recibido el pasado 22 de abril— será revisado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Vivienda.
¿Qué propone la iniciativa de rentas justas en CDMX?
La reforma busca modificar la Constitución local para establecer reglas claras en el mercado de alquiler, con el objetivo de frenar abusos y garantizar vivienda asequible. Entre los puntos clave destacan:
- Limitar el aumento de rentas: los precios no podrán incrementarse por encima de la inflación.
- Política integral de vivienda: el gobierno deberá ampliar significativamente la oferta de vivienda social y accesible.
- Combate a la gentrificación: se plantea reducir sus efectos negativos mediante políticas públicas específicas.
- Nueva institución pública: enfocada en defender derechos y obligaciones en relaciones entre arrendadores e inquilinos.
- Derecho al arraigo: se busca reconocer constitucionalmente el derecho de las personas a permanecer en sus comunidades.
Gentrificación y desplazamiento: el problema de fondo
El documento advierte que la gentrificación ha provocado el desplazamiento de más de 20 mil familias en la capital, debido al encarecimiento de la vivienda y de los servicios en diversas zonas.
Además, señala que en los últimos 25 años el promedio de hogares sin acceso a vivienda en la ciudad se ha mantenido en 42 mil, reflejo del rezago en políticas de vivienda social en periodos de alto crecimiento urbano.
La iniciativa también subraya que jóvenes y grupos prioritarios son los más afectados, al ver cada vez más lejana la posibilidad de acceder a una vivienda propia o a rentas dignas.
Un posible parteaguas en el derecho a la vivienda
De aprobarse, la propuesta convertiría a la Ciudad de México en la primera en establecer a nivel constitucional un tope al incremento de alquileres y la obligación de implementar políticas contra la gentrificación.
El proyecto es considerado por el gobierno capitalino como un paso clave en la defensa del derecho a la ciudad, la habitabilidad y la permanencia de las comunidades frente al encarecimiento del suelo urbano.