Autoridades de Estados Unidos revelaron una acusación penal contra 10 funcionarios mexicanos —actuales y exservidores públicos— por presuntos vínculos con el narcotráfico, el uso de armamento de alto poder y una red de sobornos vinculada a la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”.
El caso fue presentado ante una corte federal en Nueva York y forma parte de una ofensiva más amplia contra estructuras de corrupción asociadas al crimen organizado.
Sobornos, armas y red de protección
De acuerdo con la acusación, los implicados habrían recibido pagos mensuales que, en algunos casos, superarían los 192 mil pesos mexicanos, a cambio de brindar protección a las operaciones del cártel. Estos recursos, según el documento, formarían parte de una estructura sistemática de sobornos que alcanzaría millones de dólares.
Las autoridades estadounidenses señalan que los funcionarios presuntamente participaron en delitos como conspiración para el tráfico de drogas, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como filtración de información sensible y protección de cargamentos ilícitos. También se menciona la posible utilización de corporaciones policiales para favorecer actividades criminales.
En palabras del fiscal federal, la acusación evidencia que “las organizaciones de narcotráfico no podrían operar con tanta libertad sin funcionarios corruptos en su nómina”, y advierte que este tipo de conductas será perseguido sin importar el cargo de los implicados.
Acusación incluye a gobernador
El caso incluye a un actual gobernador, a quien se le atribuye presuntamente haber facilitado condiciones para la operación del grupo criminal. La imputación sostiene que los acusados habrían colaborado con líderes del cártel para permitir el tráfico de grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses enfatizaron que el combate a la corrupción vinculada al narcotráfico es una prioridad en la relación con México. Por otro lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores inició las investigaciones correspondientes, aclarando que los documentos y solicitudes no cuentan con “elementos de prueba”.