Durante la sesión informativa de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó de manera directa los señalamientos emitidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez ciudadanos mexicanos. La mandataria estableció una posición firme centrada en la defensa de la soberanía nacional y la aplicación estricta de la justicia bajo el marco legal del país, tras la solicitud de detención provisional con fines de extradición recibida por el gobierno federal.
La cronología de los hechos indica que el pasado 28 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores obtuvo diez documentos con los requerimientos internacionales. Al día siguiente, dichos archivos pasaron a manos de la Fiscalía General de la República para que la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales analice su viabilidad y exactitud.
La controversia escaló cuando la oficina del Distrito Sur de Nueva York reveló cargos contra figuras públicas, incluyendo al gobernador de Sinaloa, un senador y el alcalde de Culiacán, rompiendo la reserva habitual de estos procesos.
El equipo jurídico de la cancillería manifestó un extrañamiento formal ante la publicación de una “acusación de reemplazo bajo reserva” por parte de las autoridades norteamericanas, pues este acto contraviene los tratados de confidencialidad vigentes en la materia.
Sheinbaum aclaró que la FGR también comenzó una investigación propia para recabar datos de prueba necesarios. La legislación nacional exige fundamentos claros que infieran la posibilidad de que una persona cometió un delito para que un juez otorgue una orden de aprehensión.
En este sentido, la presidenta aseguró que no existirá impunidad si aparecen elementos constitutivos de un ilícito encontrados bajo la jurisdicción de México: “México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación”, declaró la mandataria al referirse a la autonomía del país.
No obstante, lanzó una advertencia severa: si los señalamientos estadounidenses no cuentan con pruebas contundentes e irrefutables conforme a las leyes locales, el objetivo de tales imputaciones se considerará de índole política.
El mensaje del Ejecutivo resultó determinante al señalar que bajo ningún motivo se aceptará la injerencia de potencias extranjeras en asuntos internos. La administración federal espera que la autoridad competente actúe conforme a derecho, privilegiando siempre la verdad y la justicia por encima de presiones externas que busquen vulnerar las instituciones mexicanas.