En el marco de la conferencia de prensa matutina celebrada este jueves 30 de abril, la presidenta abordó cuestionamientos fundamentales sobre el alcance de las investigaciones por presuntos nexos con el narcotráfico dentro del ámbito político nacional. La mandataria aclaró que el gobierno mexicano no cuenta con reportes adicionales por parte de las autoridades de Estados Unidos que involucren a más funcionarios fuera de los expedientes que ya se conocen públicamente.
Ante la pregunta directa sobre si existen acusaciones contra otros políticos aparte de la lista mencionada, la jefa del Ejecutivo respondió de forma negativa. Precisó que, hasta este momento, la administración estadounidense, actuando a través de su embajada en México, no proporcionó datos que amplíen el espectro de personas señaladas en este caso particular. Esta declaración busca dar certidumbre ante las interrogantes sobre posibles nuevos procesos abiertos contra servidores públicos.
La presidenta explicó a detalle la ruta institucional que siguen estas notificaciones internacionales para asegurar la legalidad de los actos. El protocolo establece que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibe los documentos pertinentes y los envía de inmediato a la Fiscalía General de la República.
Este organismo realiza una investigación exhaustiva de los contenidos y, posteriormente, devuelve una opinión jurídica a la cancillería para que esta pueda informar debidamente a las agencias correspondientes de los Estados Unidos
Sobre este punto, la mandataria resaltó que la estrategia gubernamental descansa en dos pilares innegociables: la defensa de la soberanía de México y el cumplimiento estricto del estado de derecho.
De acuerdo con la visión presidencial, la aplicación de la ley exige pruebas contundentes sobre la responsabilidad de cada individuo involucrado. En lugar de basarse en simples adjetivos o suposiciones, el proceso requiere que la Fiscalía determine la validez de los señalamientos mediante un análisis técnico y jurídico riguroso.
La soberanía nacional aparece como un principio central en este intercambio de información, garantizando que los procedimientos respeten la autonomía de las instituciones mexicanas en todo momento.
Al concluir su intervención, la titular del Ejecutivo reiteró que la fiscalía posee la facultad para determinar los pasos a seguir tras recibir la información extranjera. Por ahora, no existe evidencia documental que señale a nuevos actores políticos, de modo que el enfoque oficial permanece en el debido proceso y la transparencia de las investigaciones que ya están en curso.