La Casa Blanca notificó formalmente al Congreso que las hostilidades con Irán han “terminado”. Esta comunicación, enviada este viernes 1 de mayo de 2026, se produce estratégicamente en la misma fecha en que vencía el plazo legal de 60 días establecido por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973 para que el presidente Donald Trump obtuviera la autorización legislativa necesaria para continuar el conflicto. Con este mensaje, el mandatario elude el control del Congreso en una guerra que inició hace dos meses sin aprobación previa, informó Metro World News.
El conflicto bélico, que comenzó formalmente el 28 de febrero de 2026, se encuentra ahora en una zona gris jurídica. Según la ley, el Congreso debe declarar la guerra o autorizar el uso de la fuerza en un periodo de 60 días o 90 si se solicita una prórroga; sin embargo, el gobierno de Trump sostiene que dichos plazos ya no son aplicables debido a que las hostilidades terminaron cuando inició un frágil alto el fuego a principios de abril.
La situación en el terreno contradice la narrativa de una paz concluida. Aunque la Casa Blanca afirma que las hostilidades cesaron, las fuerzas armadas estadounidenses mantienen una presencia continua en la región. La Marina de los Estados Unidos conserva un bloqueo activo para impedir la salida de petroleros iraníes, mientras que el régimen de Irán mantiene el control sobre el estratégico estrecho de Ormuz.
Legisladores demócratas, como el senador Richard Blumenthal, han criticado duramente esta postura, señalando que un bloqueo es un acto de guerra continuo y que no existe un “botón de pausa” en la Constitución ni en la Ley de Poderes de Guerra.
Dentro del bando republicano, la reacción ha sido dividida. Mientras líderes como John Thune han evitado someter a votación una autorización de fuerza, otros senadores como Susan Collins se han unido a los demócratas para exigir límites a la autoridad presidencial, afirmando que el plazo legal es un requisito y no una sugerencia.
Por su parte, Trump ha calificado la resolución como “totalmente inconstitucional”, una visión compartida por su secretario de Defensa, Pete Hegseth. Esta crisis pone de relieve una afirmación audaz del poder presidencial que busca prescindir de la aprobación del Congreso, incluso mientras el conflicto permanece lejos de una resolución definitiva.