A cinco años del colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, el caso continúa sin sentencias contra los presuntos responsables, en medio de señalamientos de impunidad y retrasos en el proceso judicial.
El 3 de mayo de 2021, el desplome de un tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco dejó un saldo de 26 personas fallecidas, marcando uno de los episodios más graves en la historia del transporte público capitalino.
PAN acusa impunidad y falta de avances
En el aniversario de la tragedia, la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, al tiempo que cuestionó los avances en las investigaciones.
La líder del partido en la capital, Luisa Gutiérrez, aseguró que los implicados continúan en libertad y que aún no existe una fecha definida para la audiencia intermedia, fase previa a una eventual sentencia.
De acuerdo con su posicionamiento, el proceso judicial se mantiene estancado, lo que, señaló, impide el acceso a justicia para las víctimas.
Señalamientos contra autoridades y exfuncionarios
El PAN también acusó que las autoridades encargadas de la procuración de justicia han retrasado el caso y, según su postura, han protegido a exfuncionarios vinculados con el proyecto de la llamada Línea Dorada.
Entre los nombres mencionados se encuentra la exdirectora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, a quien el partido señaló como una de las figuras relacionadas con la operación del sistema en el momento del colapso.
Asimismo, recordó que la Línea 12 fue proyectada y construida durante administraciones anteriores, por lo que insistió en que existen responsabilidades compartidas que, hasta ahora, no han derivado en sanciones.
Un caso sin resolución definitiva
Aunque diversas personas han sido vinculadas a proceso, el caso permanece en etapas judiciales sin resoluciones definitivas, lo que ha generado críticas desde distintos sectores por la falta de resultados concretos.
A cinco años del colapso, la exigencia de justicia para las víctimas se mantiene vigente, en un contexto donde el proceso legal continúa abierto y sin una sentencia que determine responsabilidades.