A casi tres meses del derrame de hidrocarburos por parte de Pemex en el Golfo de México, comunidades pesqueras de Tabasco y Veracruz continúan sin una reparación efectiva, pese a que el gobierno federal sostiene que la emergencia está bajo control. La organización Oceana alertó que los apoyos no han llegado de forma generalizada y que persisten afectaciones económicas y sociales en la región.
Comunidades afectadas siguen sin apoyo
De acuerdo con la organización, localidades como Las Barrancas, en Veracruz, y El Bosque, en Tabasco, enfrentan una crisis prolongada: la pesca se ha detenido, los ingresos desaparecieron y una parte de los habitantes no ha sido incluida en los programas de compensación.
En Las Barrancas, pescadores reportan que llevan semanas sin salir al mar. Aunque personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó inspecciones, concluyó que no había daños visibles al no detectar chapopote en las playas, lo que dejó fuera del análisis la pérdida económica por la inactividad pesquera, incluso en periodos de alta demanda como Semana Santa.
Impacto económico y exclusión en padrones
La situación se repite en El Bosque, Tabasco, comunidad que ya había sido reconocida por su vulnerabilidad ante el cambio climático. Ahí, pescadores señalan que, tras el derrame, no logran comercializar su producto, mientras que muchos no están inscritos en padrones oficiales, requisito indispensable para acceder a apoyos gubernamentales.
Esta exclusión ha dejado a parte de la población sin respuesta institucional, en medio de un contexto donde la pesca es su principal fuente de sustento.
Contaminación, crisis climática y presión petrolera
Además del impacto inmediato del derrame, las comunidades enfrentan una presión acumulada: erosión costera, aumento del nivel del mar y la expansión de infraestructura petrolera. Habitantes denuncian que embarcaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) dañan redes de pesca y modifican las rutas de los cardúmenes.
Pescadores aseguran que, mientras antes encontraban producto a unas 10 millas de la costa, ahora deben navegar hasta 110 millas, lo que incrementa costos y riesgos.
Señalan fallas estructurales en la respuesta
Para Oceana, el problema va más allá del derrame. La organización advirtió que los mecanismos actuales de compensación están diseñados para atender daños visibles, como residuos en playas, pero no contemplan pérdidas económicas ni impactos cotidianos en las comunidades.
Nancy Gocher, directora de Política Pública e Incidencia de Oceana, señaló que el incidente evidenció fallas en la coordinación institucional y en el diseño de políticas públicas.
Exigen reparación integral y cambio de modelo
La organización hizo un llamado al gobierno federal para implementar mecanismos de compensación que consideren los contextos locales y lleguen directamente a las comunidades afectadas.
También planteó la necesidad de replantear el modelo energético, al advertir que la expansión de hidrocarburos en aguas profundas podría agravar futuros riesgos ambientales.
Mientras tanto, en las costas del Golfo de México, pescadores siguen sin ingresos y con incertidumbre sobre su futuro, en una crisis que combina contaminación, rezagos institucionales y efectos del cambio climático.