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Segalmex: Tribunal impone inhabilitación y pago millonario a exfuncionarios por irregularidades

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso una inhabilitación de 10 años y una indemnización superior a 261 millones de pesos a René Gavira

Segalmex
Segalmex (Captura de pantalla/Redes sociales)

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió sancionar a René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), por incurrir en abuso de funciones dentro de un esquema de contratos irregulares que provocó un daño patrimonial superior a los 261 millones de pesos.

La resolución fue emitida por la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves, donde los magistrados determinaron que Gavira autorizó adjudicaciones para la compra de maíz y frijol sin que existiera evidencia de la entrega de los productos.

TFJA
TFJA

Contratos sin sustento y compras inexistentes

De acuerdo con la sentencia, las adjudicaciones realizadas durante 2019 carecieron de sustento legal, ya que no se acreditó una situación de emergencia que justificara la compra directa ni el supuesto desabasto en tiendas comunitarias.

El TFJA concluyó que los contratos fueron autorizados junto con otros funcionarios sin cumplir los requisitos legales mínimos, situación que derivó en operaciones irregulares y pagos por productos que presuntamente nunca llegaron.


La sanción también alcanzó a Oliverio Pérez Santoyo y Miguel Carrillo Villarreal, quienes deberán responder solidariamente por el daño económico.

Inhabilitación y pago millonario

Además de quedar inhabilitado durante 10 años para ocupar cargos públicos, René Gavira y los otros exservidores públicos fueron condenados al pago conjunto de 261 millones 211 mil 579 pesos como indemnización por el daño patrimonial ocasionado.

La resolución representa uno de los castigos administrativos más relevantes derivados del caso Segalmex, considerado ya uno de los mayores escándalos de corrupción registrados en México durante los últimos años.

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René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) Foto: (Especial)

Procesos penales siguen abiertos

Paralelamente al procedimiento administrativo, Gavira enfrenta al menos siete procesos penales por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso indebido de atribuciones.

Desde diciembre de 2023 permanece en prisión preventiva en el Reclusorio Norte mientras continúan las investigaciones federales.

Las indagatorias apuntan a presuntos desvíos de recursos que superarían los 2 mil 639 millones de pesos.

CIUDAD DE MÉXICO, 11JULIO2019.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, durante la conferencia de prensa matutina para informar los avances en materia de apoyos económicas y los “Programas de Producción para el Desarrollo” a pequeños productores de la industria agropecuaria. Al final de la conferencia, el jefe de ejecutivo fue cuestionado sobre el caso de la agencia Notimex y de las reacciones de su directora Sanjuana Martínez en diversas redes sociales, a lo que sólo contesto que llamaba a la reconciliación y afirmó que invitará a la funcionaria a explicar las razones de sus actos. 
FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM
Segalmex: Ignacio Ovalle, exdirector general de Segalmex (Galo Cañas/Galo Cañas)

El gran pendiente del caso Segalmex

Aunque las investigaciones han derivado en sanciones contra diversos exfuncionarios, el exdirector general de Segalmex, Ignacio Ovalle Fernández, no ha enfrentado cargos penales hasta el momento.

La ausencia de acciones judiciales contra quien encabezó el organismo ha generado cuestionamientos debido a la magnitud del desfalco detectado mediante auditorías federales.

Los reportes oficiales estiman que el daño patrimonial total en Segalmex podría superar los 15 mil millones de pesos, derivado de contratos simulados, pagos por productos no entregados y operaciones presuntamente vinculadas con empresas fantasma.

La resolución del TFJA representa un avance en el ámbito administrativo; sin embargo, las investigaciones penales continúan abiertas y podrían derivar en nuevas órdenes judiciales y sanciones contra exfuncionarios relacionados con el caso.

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