El exfuncionario Simón Levy presentó el 6 de mayo de 2026 una denuncia ante autoridades de Estados Unidos contra diversos funcionarios mexicanos, a quienes acusa de presunta obstrucción de la justicia en el caso del gobernador y los otros personajes políticos de Sinaloa también investigados.
La acción se basa en documentos entregados a instancias federales estadounidenses, en los que se detallan posibles maniobras institucionales para impedir la extradición de implicados.
Acusaciones en EE. UU. y origen del caso
El punto de partida es una acusación formal presentada en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, donde se señala a varios funcionarios de Sinaloa por delitos como conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento de alto poder y secuestro con resultado de muerte.
Según los documentos, el caso también plantea una presunta “captura del Estado”, en la que el Cártel de Sinaloa habría influido en el proceso electoral de 2021. Además, se vincula el asesinato de un informante de la DEA en 2023 como parte de las represalias del grupo criminal.
Señalamientos de obstrucción
La denuncia sostiene que, tras hacerse pública la acusación en EE. UU., autoridades mexicanas habrían implementado una estrategia para frenar las extradiciones. Entre las acciones señaladas se incluye la supuesta exigencia de un juicio político previo, pese a que “no figura en el tratado de extradición”, así como la solicitud de licencia de Rocha Moya para conservar su inmunidad.
En este contexto, se menciona a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. También se incluye a la fiscal Ernestina Godoy Ramos, a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a Roberto Velasco Álvarez y a Ulises Lara López.
Levy pidió ser incorporado a programas de protección de testigos en Estados Unidos, ante posibles riesgos derivados del caso.