Lo que comenzó como una serie de protestas vecinales y recursos legales contra desarrollos inmobiliarios en la alcaldía Benito Juárez derivó en acusaciones de presunta extorsión, fraude procesal y tráfico de influencias que hoy mantienen bajo tensión al sector de la construcción en la capital.
Empresarios, trabajadores y vecinos señalan a Arturo Aparicio Velázquez, quien se presenta como defensor vecinal y representante de colectivos ciudadanos en zonas como Xoco, Roma y Escandón, de encabezar un esquema sistemático de clausuras y amparos que tendría como objetivo presionar económicamente a desarrolladores inmobiliarios.
De acuerdo con testimonios recabados entre trabajadores afectados, las suspensiones de obra se han convertido en una constante que impacta directamente en el empleo y sustento de decenas de familias.
“Nos deja sin trabajo”: trabajadores denuncian afectaciones
Juan Vicente García, trabajador de la construcción, aseguró que en diversos proyectos donde ha laborado en colonias como Roma y Condesa el mismo nombre aparece detrás de las denuncias y clausuras.
“Varias veces nos ha dejado sin trabajo de un día para otro. Ya no es coincidencia, es algo sistemático”, afirmó.
Carlos Segundo Primero relató una situación similar en proyectos ubicados en Escandón y Xoco.
“Nosotros solo queremos trabajar y él nos deja en la calle con sus amparos y clausuras”, señaló.
Por su parte, Manuel Leopoldo Berdón indicó que las suspensiones han afectado directamente la economía de los trabajadores.
“Nos está afectando directamente a las familias. Ya estamos buscando apoyo de nuestro sindicato para defendernos”, expresó.
Ricardo David Reyes Pascual sostuvo que, aunque reconocen el derecho de los vecinos a manifestarse, consideran que las acciones legales promovidas responden a otro tipo de intereses.
“Esto es extorsión disfrazada de legalidad”, acusó.
Los trabajadores coincidieron en que las clausuras promovidas carecen, según su versión, de sustento técnico suficiente y terminan afectando principalmente a obreros y proveedores.
Señalamientos en Xoco y Roma Norte
Las acusaciones contra Aparicio Velázquez también se extienden a otras colonias de la capital.
En Xoco, vecinos del pueblo originario lo han señalado públicamente por presuntas irregularidades y por utilizar causas vecinales con fines políticos y económicos. Algunos residentes aseguran que personas ajenas a la colonia han participado en movilizaciones y protestas relacionadas con desarrollos inmobiliarios.
Mientras tanto, en Roma Norte, habitantes del condominio ubicado en Coahuila 30 denunciaron presuntos manejos irregulares de recursos destinados a un estudio estructural. Según los afectados, más de 318 mil pesos habrían sido desviados y en el caso también aparece mencionada Irene Aurora Velázquez Romero, familiar de Aparicio Velázquez.
Presuntas influencias y saturación de amparos
De acuerdo con denunciantes, uno de los factores que ha permitido la continuidad de estas acciones sería la supuesta cercanía de Aparicio Velázquez con integrantes del Poder Judicial.
Los afectados aseguran que José Alfonso Aparicio Velázquez, identificado como hermano del activista, se desempeña como secretario auxiliar de acuerdos en una ponencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, situación que —afirman— podría representar un posible conflicto de interés o tráfico de influencias.
Asimismo, acusan que existe una estrategia basada en la promoción masiva de amparos y recursos administrativos contra licencias de construcción y proyectos urbanos, particularmente en colonias de alta plusvalía como Roma Norte, Roma Sur, Condesa, Escandón y Xoco.
Piden intervención de autoridades
El conflicto ya fue llevado ante el Gobierno capitalino. Trabajadores afectados entregaron una carta dirigida a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fechada el pasado 29 de abril y registrada con el folio 26-005241, en la que solicitan investigar las presuntas irregularidades y frenar prácticas que, aseguran, han dejado sin ingresos a cientos de familias.
Mientras el sector inmobiliario exige mayor certeza jurídica para continuar proyectos de inversión, vecinos y trabajadores reclaman que las autoridades investiguen a fondo las denuncias y determinen si detrás de las clausuras existe un esquema de presión económica disfrazado de activismo ciudadano.