La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó la incorporación de nuevas personas a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), entre ellas el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve mexicanos señalados en reportes vinculados con autoridades de Estados Unidos.
De acuerdo con el comunicado oficial, estas acciones forman parte de una medida preventiva de carácter administrativo, derivada de información emitida por instituciones del sistema financiero mexicano y alertamientos relacionados con señalamientos públicos provenientes del extranjero.
La UIF explicó que los bancos en México, en el marco de sus mecanismos de monitoreo y cumplimiento, detectaron operaciones o perfiles asociados a Personas Políticamente Expuestas (PEP), lo que llevó a la generación de reportes internos que posteriormente fueron analizados por la autoridad financiera.
Bloqueo de cuentas no implica culpabilidad
En su posicionamiento, la dependencia federal aclaró que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas no representa una determinación de responsabilidad penal ni administrativa, sino una acción preventiva para proteger la integridad del sistema financiero nacional.
La UIF subrayó que estas medidas no deben interpretarse como una acusación formal, ya que forman parte de un proceso de análisis continuo sobre la información que proviene tanto de instituciones financieras mexicanas como de alertas internacionales.
Asimismo, se puntualizó que las personas incluidas en esta lista cuentan con mecanismos legales de defensa, como la garantía de audiencia y la posibilidad de presentar recursos administrativos o jurisdiccionales para impugnar la medida.
Señalamientos desde Estados Unidos detonaron los reportes bancarios
Según el comunicado, los reportes que dieron origen a estas acciones están relacionados con señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos, los cuales fueron difundidos públicamente y tomados en cuenta por instituciones financieras con las que los bancos mexicanos mantienen relaciones de corresponsalía.
A partir de estos alertamientos, los sistemas de cumplimiento bancario identificaron a ciertos clientes como posibles Personas Políticamente Expuestas, lo que activó los protocolos de revisión y monitoreo.
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que actualmente se encuentra analizando diversa documentación e información relacionada con las personas incluidas en la lista, bajo criterios técnicos y analíticos aplicables a cualquier reporte del sistema financiero.