El gobierno de México oficializó que las autoridades de Estados Unidos rechazaron la solicitud de extradición contra el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, quien enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal.
Durante la conferencia matutina presidencial, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Pedro Velasco, aclaró que la negativa se fundamenta en la naturaleza no violenta de los delitos imputados por la Fiscalía General de la República (FGR).
El caso, que involucra un presunto desvío de casi tres mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cobró relevancia tras la desaparición del abogado de los registros públicos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Actualmente, ninguna autoridad mexicana o estadounidense proporcionó detalles sobre si Álvarez Puga se encuentra bajo custodia, si obtuvo libertad migratoria o si enfrenta procesos en otra instancia judicial.
Durante el proceso migratorio en Estados Unidos, la defensa de Álvarez Puga interpuso una solicitud de asilo político. En los documentos presentados ante las cortes estadounidenses, el abogado argumentó temor a regresar a México, alegando ser víctima de persecución debido a sus posturas políticas.
Esta estrategia legal, sumada a la postura de Washington de no proceder con la entrega, mantiene al imputado fuera del alcance de la justicia mexicana.
La postura del gobierno mexicano ante este rechazo se enfocó en la exigencia de reciprocidad. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que, entre enero de 2018 y mayo de 2026, México presentó 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos, sin que ninguna resultara en una entrega efectiva.
La mandataria enfatizó que los requerimientos incluyen a exgobernadores, operadores financieros y personas vinculadas al caso Ayotzinapa, insistiendo en que las normas bilaterales deben aplicarse de manera equitativa.
Por su parte, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores describió el rechazo como una práctica bilateral frecuente, aunque reconoció la tensión que genera esta falta de cooperación en casos de alto perfil. Mientras las autoridades negocian los alcances del tratado de extradición, el paradero de Inés Gómez Mont, esposa de Álvarez Puga, sigue sin conocerse oficialmente desde que la Interpol emitió la ficha roja en 2021.
La situación legal del abogado refleja las complejidades en los convenios de asistencia jurídica entre ambos países, dejando sin respuesta clara el destino de las investigaciones sobre el entramado de empresas factureras señalado por la FGR.