El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Código Penal local para tipificar y sancionar el phishing o fraude digital, una modalidad delictiva utilizada para engañar a usuarios, robar información personal o cometer fraudes financieros mediante herramientas electrónicas.
De acuerdo con el dictamen aprobado por el pleno, las penas podrían alcanzar hasta nueve años de prisión para quienes utilicen medios digitales, mensajes, correos electrónicos, plataformas falsas o sitios web apócrifos con el objetivo de obtener datos confidenciales o afectar el patrimonio de las víctimas.
Aumentarán penas
La reforma también contempla agravantes cuando las víctimas sean personas adultas mayores, personas con discapacidad o menores de edad, casos en los que las sanciones podrán incrementarse hasta en una mitad.
Con esta modificación, el Congreso local busca dar mayores herramientas jurídicas a las autoridades capitalinas para perseguir conductas relacionadas con la suplantación de identidad, robo de datos personales y uso de plataformas falsas para obtener información bancaria o de servicios digitales.
Phishing, una amenaza creciente
Durante la discusión legislativa, diputados locales advirtieron que este tipo de fraudes suele apoyarse en técnicas de ingeniería social, mensajes engañosos y, cada vez con mayor frecuencia, herramientas tecnológicas más sofisticadas para hacer creer a las víctimas que interactúan con instituciones legítimas.
El propio dictamen legislativo reconoce al phishing como una modalidad de fraude digital relacionada con la obtención ilícita de información, por lo que la reforma busca dar claridad jurídica a su persecución dentro del Código Penal local.
Buscan cerrar vacíos legales
Legisladores señalaron que el objetivo central es cerrar vacíos legales frente al crecimiento de los delitos electrónicos, especialmente aquellos que afectan a usuarios bancarios, consumidores digitales y personas que utilizan plataformas en línea para realizar operaciones cotidianas.
Con la aprobación de estas reformas, la Ciudad de México avanza en la construcción de un marco penal específico contra el fraude digital, en un contexto donde las autoridades han identificado nuevas formas de engaño mediante internet, mensajes y servicios electrónicos.