Las remesas a México enfrentarían una nueva encrucijada por el nuevo decreto del presidente Donald Trump, que pone lupa en los trámites, documentos y costos que enfrentan los migrantes indocumentados para enviar dinero desde Estados Unidos, informó Metro World News.
La orden ejecutiva firmada por Trump el 19 de mayo, titulada “Restoring Integrity to America’s Financial System”, no se refiere específicamente a las remesas, pero sí apunta a transferencias transfronterizas de bajo monto, uso de ITIN, identificaciones consulares y servicios financieros utilizados por población sin autorización laboral.
De acuerdo con la Casa Blanca, el objetivo es reforzar controles contra fraude, lavado de dinero, evasión fiscal y actividades ilícitas; sin embargo, especialistas advierten que el efecto secundario puede ser más fricción para quienes envían dinero a sus familias en México.
El análisis de BBVA Research señala que las nuevas medidas podrían restringir el acceso de migrantes no documentados al sistema financiero estadounidense, incluido el uso de servicios de envío de remesas y medios de pago digitales.
Golpe disparejo
El impacto no alcanzaría por igual a todos los migrantes mexicanos en Estados Unidos, BBVA Research estima que, de los 12.6 millones de personas nacidas en México que radican en Estados Unidos, alrededor de 8.1 millones tienen ciudadanía o residencia en ese país.
A ellos se suman 29 millones de mexicanos de segunda y tercera generación que también pueden enviar remesas, eso significa que el universo más expuesto sería más limitado: los migrantes mexicanos sin documentos, estimados en alrededor de 4.5 millones.
Aun así, el efecto puede sentirse en hogares específicos, sobre todo si quienes envían dinero dependen de identificaciones como matrícula consular, ITIN o servicios de envío sin cuenta bancaria.
Matrícula consular entra al debate
Uno de los puntos más sensibles es la matrícula consular, documento emitido por México para identificar a sus nacionales en el exterior, sin importar su estatus migratorio.
BBVA Research advierte que la orden ejecutiva busca limitar la aceptación de matrículas consulares para la apertura y uso de productos financieros, tanto en bancos como en establecimientos de envío de remesas y plataformas en línea.
La medida no prohíbe automáticamente ese documento, pero sí lo coloca bajo sospecha dentro de los riesgos que el gobierno de Trump pide revisar al sistema financiero.
En la práctica, eso puede obligar a algunos migrantes a tramitar pasaporte u otros documentos para seguir usando servicios financieros, lo que implica más costos, más tiempo y menor practicidad.
De acuerdo con datos citados por BBVA Research, en 2022 más de 566 mil mexicanos en Estados Unidos contaban con matrícula consular, y los estados de origen con más documentos fueron Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Puebla, Jalisco y Veracruz.
¿Pueden caer las remesas?
Por ahora, no hay señales de un desplome en las remesas a México, BBVA Research reportó que, en el primer trimestre de 2026, México recibió 14 mil 457 millones de dólares por remesas, un aumento de 1.4% frente al mismo periodo de 2025, con datos del Banco de México.
Ese crecimiento ocurrió pese a que desde el 1 de enero de 2026 entró en vigor un impuesto de 1% a las remesas enviadas desde Estados Unidos en efectivo, money orders, cheques de caja y medios similares.
La razón, según el análisis, es que muchas familias migrantes tienen una condición mixta: personas sin documentos conviven con familiares que sí cuentan con ciudadanía o residencia permanente, y en esos casos, un migrante indocumentado podría apoyarse en un familiar o conocido para seguir enviando dinero.
Riesgo de canales informales
El mayor riesgo no es solo que baje el monto total de remesas, sino que algunos envíos salgan del circuito financiero formal.
BBVA Research advierte que las medidas demasiado restrictivas pueden incentivar a los migrantes a utilizar canales fuera del sistema financiero, lo que implicaría menor trazabilidad del origen y destino del dinero.
Esto significa que, si una persona teme usar bancos, plataformas digitales o servicios regulados por su estatus migratorio, podría recurrir a efectivo, terceros, redes informales o mecanismos menos visibles para enviar recursos.
Esa salida puede ser contraproducente para Estados Unidos, porque reduciría la capacidad de rastrear operaciones y también representaría pérdida de negocio para instituciones financieras y empresas remesadoras.
Estados vulnerables en México
El impacto potencial tampoco sería igual en todo México, según la gráfica de BBVA Research sobre dependencia de remesas por entidad federativa, Guerrero y Chiapas tienen una dependencia cercana a 14% de su PIB estatal; siguen Oaxaca, Michoacán y Zacatecas, todos con niveles cercanos o superiores a 10%.
En esos estados, cualquier traba adicional para enviar dinero puede sentirse más rápido en hogares, consumo local y economías comunitarias.
A nivel nacional, BBVA Research ubica la dependencia promedio de las remesas en 3.4% del PIB para 2025, lo que muestra que el dinero enviado desde Estados Unidos sigue siendo una fuente clave para millones de familias mexicanas.
Lo que viene para las remesas
Tras el decreto presidencial, millones de personas están a la espera de conocer las reglas que emita el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y en cómo las implementen bancos, remesadoras y plataformas digitales.
La orden de Trump marca plazos de 60, 90 y 180 días para emitir advertencias, proponer cambios a la Ley del Secreto Bancario y revisar requisitos de identificación de clientes.
Por ahora el flujo resiste, pero la letra chica del decreto abre una alerta para millones de hogares mexicanos que dependen del dinero enviado desde Estados Unidos enfrenten dificultades o encarecimiento del proceso.