El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar que los nacimientos registrados al interior de centros de reinserción social sean informados de manera oportuna al Registro Civil.
La reforma, impulsada por la diputada Rebeca Peralta, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde, busca evitar que niñas y niños nacidos en centros penitenciarios queden fuera de los registros oficiales y, con ello, enfrenten obstáculos para acceder a servicios de salud, vacunación, programas sociales y mecanismos de protección del Estado.
De acuerdo con la legisladora, la falta de disposiciones legales específicas mantenía a estas infancias en una condición de “invisibilidad institucional”, debido a que para diversos trámites administrativos no existían formalmente ante las autoridades.
¿Qué establece la reforma aprobada?
Con la modificación a la ley local, se incorporó el artículo 20 Bis, que establece la obligación de las autoridades de informar al juez del Registro Civil cuando ocurra un nacimiento dentro de un centro de reinserción social.
“El reconocimiento legal es el primer paso para dejar atrás la invisibilidad. Ninguna niña o niño debe quedar fuera de la protección del Estado por las circunstancias en las que nació”, señaló Peralta tras la aprobación de la reforma.
La propuesta tiene como objetivo garantizar el derecho a la identidad, considerado un derecho básico para que niñas, niños y adolescentes puedan acceder a otros servicios públicos y esquemas de protección institucional.
Niñas y niños viven con sus madres en prisión
Actualmente, 35 niñas y niños viven junto a sus madres privadas de la libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, una situación que, de acuerdo con Peralta, evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos legales para proteger a esta población desde el nacimiento.
La legisladora sostuvo que durante años estas infancias fueron conocidas como “niños invisibles”, debido a que no formaban parte de la conversación pública ni de políticas específicas dirigidas a la niñez que vive en contextos penitenciarios.
En septiembre de 2025, la propia diputada afirmó que al cierre de 2024 había 311 menores viviendo con sus madres en cárceles mexicanas, de los cuales 41 estaban en la Ciudad de México, lo que mantiene el tema dentro de la agenda de derechos de la infancia y reinserción social.
Agenda pendiente para infancias en reclusión
Peralta reconoció que la aprobación de la reforma representa un avance, pero advirtió que aún existe una agenda pendiente para fortalecer la atención institucional dirigida a niñas y niños que nacen o viven en centros penitenciarios.
La legisladora recordó que la iniciativa original contemplaba medidas adicionales de coordinación entre autoridades, así como acciones para facilitar el acceso de estas infancias a programas y apoyos gubernamentales.
De acuerdo con una publicación previa de Publimetro sobre la propuesta, la iniciativa también buscaba establecer mecanismos para que los menores pudieran acceder a programas sociales conforme al interés superior de la niñez.
“Este Congreso dio un paso importante para reconocer jurídicamente a estas niñas y niños. El reto ahora es que también sean visibles para las instituciones y para las políticas públicas”, añadió Peralta.
La reforma coloca nuevamente en el centro del debate la situación de las niñas y niños que viven con sus madres privadas de la libertad, así como la obligación del Estado de garantizar sus derechos sin que el lugar de nacimiento limite su acceso a identidad, salud y protección social.