La iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio en México recibió el reconocimiento de especialistas de Naciones Unidas, quienes destacaron los esfuerzos para establecer reglas uniformes en todo el país y mejorar la protección de las víctimas. Sin embargo, también plantearon recomendaciones para fortalecer la legislación y evitar que las omisiones de las autoridades contribuyan a nuevos casos de violencia feminicida.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este viernes 23 de octubre que recibió una comunicación del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, así como del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.
El documento, fechado el 20 de octubre, fue firmado por Ivana Krstić, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo, y Graeme Reid, experto independiente, quienes reconocieron el impulso de una reforma nacional para combatir el feminicidio desde una perspectiva de derechos humanos.
Los especialistas felicitaron al Gobierno mexicano por promover “una profunda revisión de la legislación sobre el feminicidio desde una perspectiva de derechos humanos”.
Buscan unificar la investigación del feminicidio en México
Uno de los principales aspectos reconocidos por los expertos es la intención de armonizar la tipificación y sanción del feminicidio en las distintas entidades federativas.
Actualmente, las diferencias entre las legislaciones estatales pueden generar criterios distintos para investigar y sancionar este delito.
La propuesta busca establecer mecanismos comunes de actuación, fortalecer la coordinación institucional y aplicar protocolos de investigación uniformes en todo el territorio nacional.
De acuerdo con los especialistas, estas medidas representan una oportunidad para mejorar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias, así como para combatir la impunidad.
También destacaron la creación de registros especializados sobre violencia feminicida, incluido uno para identificar a niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad como consecuencia de estos crímenes.
ONU pide sancionar las omisiones de las autoridades
Aunque la comunicación reconoce los avances de la iniciativa, también plantea la necesidad de establecer mecanismos para exigir responsabilidades cuando las instituciones públicas no actúen oportunamente.
Los expertos señalaron que las autoridades tienen la obligación de identificar situaciones de riesgo, atender denuncias previas de violencia y adoptar medidas de protección antes de que ocurran agresiones mortales.
En ese sentido, recomendaron que la futura legislación contemple procedimientos para investigar las fallas institucionales relacionadas con la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
Entre los aspectos señalados se encuentran las deficiencias en la evaluación de riesgos, la falta de medidas de protección y las investigaciones realizadas con estereotipos discriminatorios.
Asimismo, consideraron fundamental garantizar que las familias de las víctimas tengan acceso a recursos efectivos y a una reparación integral del daño.
Protección a mujeres trans y trabajadoras sexuales
Otro de los puntos destacados por Naciones Unidas es la inclusión de las mujeres trans dentro del ámbito de protección de la iniciativa.
Los especialistas valoraron este enfoque, pero recomendaron que la redacción de la ley establezca de manera expresa que el delito de feminicidio comprende a mujeres y niñas, incluidas las mujeres transgénero.
También plantearon que las investigaciones de muertes violentas no dependan de una determinación previa sobre la identidad de género de las víctimas.
La comunicación recuerda que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) manifestó en 2025 su preocupación porque los asesinatos transfóbicos únicamente estaban tipificados de manera específica en la Ciudad de México y Nayarit, sin una regulación equivalente a escala nacional.
En cuanto a las mujeres que ejercen el trabajo sexual, los expertos respaldaron que la propuesta contemple una pena agravada cuando la víctima desempeñe esta actividad.
No obstante, pidieron que los protocolos de investigación obliguen a examinar posibles contextos de explotación, trata de personas, coacción o violencia, sin que la ocupación de la víctima sea utilizada para restar gravedad al delito.
México mantendrá diálogo con Naciones Unidas
La Secretaría de Relaciones Exteriores agradeció las observaciones y reiteró que México continuará colaborando con los mecanismos internacionales de derechos humanos durante el proceso legislativo.
En su comunicación, los expertos solicitaron conocer el texto actualizado de la iniciativa, su estado de tramitación y las modificaciones que pudieran realizarse durante su discusión en el Congreso.
También pidieron que sus recomendaciones fueran compartidas con las autoridades legislativas correspondientes para que puedan ser consideradas antes de la aprobación definitiva.