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Barrales y Osorio Chong se reunirán por caso de ediles asesinados

El partido criticó que el gobierno haya retirado el operativo de seguridad en Tierra Caliente, Guerrero, para atender las protestas de la CNTE

La presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra Barrales, informó que durante esta semana tiene el compromiso de reunirse con el secretario de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, para pedir que se establezca un protocolo que evite el asesinato de más ediles en distintos estados de la república.

«Nos interesa que se investigue, se deslinden responsabilidades y se identifique a los responsables (del asesinato del edil de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte) pero también que se tomen medidas para el resto de los presidentes municipales que son los que se están viendo amenazados», aseguró Barrales.

En conferencia, la líder perredista aseguró que la secretaria general del partido, Beatriz Mojica, mantuvo una reunión con el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, para mantener un diálogo institucional en la materia pues, consideró, este tipo de atentados podrían evitar que se sigan denunciando las amenazas a ediles ante posibles represalias.

«No podemos dejar este mal precedente porque nos deja un mal mensaje a todos como sociedad», sostuvo la presidenta nacional del PRD.

Barrales Magdaleno además criticó las declaraciones del gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo, en las que, dice, prácticamente se culpa al jefe municipal de Pungarabato de circular en horas inadecuadas cuando se encontraba amenazado de muerte.

«Nos parece que eso en voz de un gobernador es muy peligroso, es muy lamentable por el tema de que se trata, pero además es muy alarmante que la población conozca en voz de un gobernante que responsabiliza a una persona por estar transitando a deshoras», consideró la líder perredista.

Entre las solicitudes principales que realizará el partido ante la Segob se encuentra la de establecer una estrategia integral para garantizar la protección de jefes municipales amenazados en estados de alto riesgo y buscar alternativas en relación a las medidas cautelares ya que, aseguran, la asignación de escoltas no es suficiente.

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