María Isabel González no sólo tuvo que aguantar la golpiza que un microbusero y la pareja de éste le dieron por pedir un mejor servicio, si no que un juez civil le pidió mil 900 pesos para seguir con el procedimiento legal, publicó La Jornada.
El pasado 16 de abril, María subió a la unidad 0011060 de la ruta 1, que corre de Taxqueña a San Ángel, conducida por Arturo Morales Torres, quien de acuerdo con la queja sonaba el claxon en cada esquina de forma estridente y constante, por lo que la usuaria pidió dejar de hacerlo.
Sin embargo, la petición no tuvo una respuesta positiva y el operador le dijo que si no le gustaba que se bajara. María González le dijo que lo reportaría, pero Arturo Morales le contestó: “haz lo que quieras”.
Al llegar a la terminal, la mujer tomó las placas de la unidad y la acompañante del chofer, identificada como Ana Gabriela de la Luz Anaya, la amenazó con golpearla si hacía algo contra “su esposo”. La usuaria le contestó que eso agravaría aún más la queja, por lo que De la Luz Anaya le tiró un golpe.
Cuando las dos mujeres cayeron al suelo, el chofer comenzó a patear a María Isabel, hasta que alguien se metió para separar a los agresores. Aunque llamaron a la policía, ninguna patrulla llegó para asistir a la agredida.
Tras encontrarse con una patrulla y explicar el caso, los oficiales localizaron al microbús y a la pareja en el paradero de San Ángel. Tanto Arturo Morales como Gabriela de la Luz fueron remitidos a la agencia 24 del Ministerio Público.
De acuerdo con el testimonio de la quejosa, los policías platicaron más de una hora con el conductor y después persuadieron a María Isabel de no presentar la denuncia, advirtiéndole lo largo y complejo del proceso. Sin embargo, continuó con la denuncia.
El agente del MP, José Bernabé Hernández Mosco, determinó que a pesar del esguince cervical de segundo grado, policontusiones y dorsalgia postraumática, el caso tenía que ser enviado al juez cívico de la agencia, porque las lesiones tardaban en sanar menos de 15 días.
El funcionario del juzgado cívico de la Coordinación Territorial AOB4, que se identificó como Javier Rojas Rojas, le dijo que si quería continuar con el procedimiento tenía que pagar una multa de mil 900 pesos por participar en una riña.
Los agresores fueron defendidos por el supuesto representante legal de la ruta 1, José Peña Arenas. Como María Isabel no llevaba dinero ni tenía asesoría legal, decidió tomar la “sugerencia” del juez de firmar un acuerdo de reparación del daño, aunque todo fuera del juzgado.
Al final, María Isabel sigue con las lesiones y el supuesto abogado de la ruta no aparece, por lo que ha enviado cartas al titular de la Setravi, Rufino H. León Tovar, sin que haya tenido una respuesta.
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