Con 36 años de edad y una trayectoria que incluye haber sido encargado de despacho de la Dirección de Averiguaciones Previas y agente de Ministerio Público Especializado, además de ostentar actualmente el cargo de procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, Carlos Mendoza entregó documentación para aspirar al puesto de fiscal general de Nuevo León.
Mendoza también fungió como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado, pero fue removido de su cargo cuando diputados del PAN sostuvieron enfrentamientos con el gobernador Samuel García. Fue acusado de realizar carpetas a modo.
Indicó que fue avalado por el tesorero y por el secretario general de Gobierno en esta administración.
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“Estoy convencido y firmemente puedo establecer que cumplo con el perfil que se está buscando y le puedo ofrecer a Nuevo León un nuevo rumbo en la procuración de justicia”, afirmó Mendoza.
Señaló que la posición de fiscal de justicia siempre tendrá sus retos y dificultades, sin embargo, su experiencia lo avala.
Aunque labora actualmente para la administración de Samuel García, indicó que el gobernador no le dio ninguna carta y él tampoco se la pidió. Pero sí cuenta con una que le fue otorgada por un profesor del Tecnológico.
Mendoza descartó que estar actualmente en el gobierno se pueda prestar a la politización.
“Sin duda eso no puede opacar o afectar la autonomía que un servidor puede ejercer en el cargo. He trabajado en distintas administraciones, en la administración anterior y en esta y no hay algún impedimento legal y moral que me impida desempeñarme de manera profesional responsable, con eficacia y autonomía”, aseguró Mendoza.
Uno de los desafíos más importantes que enfrentará, dijo, es darle esa certeza a la sociedad en general que está buscando respecto a la incidencia delictiva.
“Uno de los principales retos, sin duda, sería trabajar cuanto antes para disminuir esos índices delictivos que imperan en la sociedad”.
El gobernador señaló que el nuevo fiscal debe tener un perfil más técnico que político y Mendoza afirmó que encaja perfectamente con este.
“Tenemos los estudios, los conocimientos técnicos, jurídico penales que un puesto como la Fiscalía General exige”, afirmó.
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Mendoza añadió que el gobierno del Estado requiere una coordinación interinstitucional importante con estos órganos constitucionalmente autónomos como la Fiscalía General de Justicia.
“Y, sin duda, en caso de que podamos ser designados por este Congreso generaríamos las condiciones para trabajar de manera coordinada con el ejecutivo”.
