La guerra continúa. Mientras que Javier Navarro, secretario general de Gobierno de Nuevo León, acusa al Congreso de cometer irregularidades en su contra, al desaforarlo para someterlo a juicio político, el jueves el Poder Legislativo lanzó un “¡ya basta!” y desmintió al funcionario.
Legisladores del PRIAN coincidieron en señalar que el Gobierno del Estado ha violado en reiteradas ocasiones las leyes afectando a los ciudadanos.
Además, llamaron al gobernador Samuel García “lobo disfrazado de oveja” después de que se desalojó al personal de la Fiscalía Anticorrupción luego de que esta abrió carpetas de investigación contra funcionarios del gabinete estatal.
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La priista Alhinna Vargas afirmó que hay suficientes pruebas para responsabilizar a Navarro de los más de 60 decretos que no se han publicado en el Periódico Oficial.
“Queremos poner sobre la mesa que, el todavía secretario General de Gobierno, Javier Navarro, y Movimiento Ciudadano le puedan explicar a Nuevo León por qué frenaron la reforma de la Ley para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata”, señaló Vargas.
“¿Qué fue lo que le hicieron las mujeres de Nuevo León afectadas por la trata para que no les puedan brindar esa herramienta jurídica?, ¿por qué tuvieron a siete municipios retrasando siete meses la aprobación de financiamientos para seguridad, alumbrado, obras?, ¡todos ellos municipios del PAN y de PRI!”.
La presidenta de la Comisión Jurisdiccional se dijo preocupada por la facilidad y capacidad de Navarro para mentir.
“Primero dijo que no publicaba los decretos porque dudaba de la autenticidad de la firma de la diputada Ivonne Álvarez, pero aún así el mismo secretario ya había publicado otros documentos con la misma firma; sigue mintiendo, porque él sabía que la firma es legítima”, expresó.
Navarro, añadió Vargas, esconde también que realmente el Gobierno del Estado seleccionó qué decretos publicar y cuáles no.
“Con esto queda claro que el secretario puso por encima del interés de Nuevo León su propia agenda, sus propios intereses o sus caprichos o algo que va más allá de lo que nuestra lógica pudiera comprender”, añadió. “Desde el Congreso queremos lanzar un ¡ya basta!, ¡ya basta de engañar al pueblo de Nuevo León!, ¡ya basta! de salir con argumentaciones y cuestionamientos que no tienen un fundamento”.
La diputada Lilia Olivares, del PAN, arremetió también en contra de Samuel García.
“Hay funcionarios que se la pasan mintiendo, diciendo sólo lo que a su criterio es lo correcto y es lamentable que por el incumplimiento del secretario general, que no hace su trabajo, se agraven los problemas de seguridad, de movilidad y de inseguridad y violencia contra las mujeres.
“Con todo esto aumentamos la percepción de nuestro gobernador sobre su incapacidad en la gestión y como actor político, más allá de una desconexión con los ciudadanos de lo que estos realmente quieren”.
No creen que sea justo que personas como el fiscal anticorrupción sufran de algunas de las “chiflazones” de los funcionarios de gobierno y que quieran desalojar las oficinas.
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Vargas reveló que el 23 de septiembre el Gobierno estatal adquirió una máquina llamada firmadora autógrafa para hoja suelta a un costo de 337 mil pesos.
Y cuestionó si esta fue utilizada para firmar el veto de Samuel García a Adrián De la Garza quien participaba como candidato a la fiscalía de justicia de Nuevo León.