Por unanimidad de votos las Comisiones Unidas de Justicia, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, del Congreso local aprobaron el dictamen que facultará a los municipios a proceder, en contra de las empresas que no retiren el cableado o “telarañas” en desuso.
A esta iniciativa se sumaron otros tres de diferentes grupos legislativos, mediante las cuales se modificaron la Ley de Protección Civil del Estado, la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano y la Ley Ambiental del Estado, para otorgar facultades a los municipios para exigir el retiro de cables que ya no tienen ninguna función, así como para proceder a retirarlo cuando el cableado no sea reconocido como propio para ninguna empresa cablera.
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“Sin duda se trata de un tema muy complejo que ya era urgente que se legislara, porque ya ha causado algunas lamentables muertes, además de la contaminación visual que genera”, comentó la priista Alhinna Vargas, vicepresidenta del Congreso.
Para presentar el proyecto, dialogó con autoridades, empresas cableras urbanistas, pero sobre todo, con ciudadanos.
Integrantes de la asociación civil No más cables Nuevo León, estuvieron como observadores durante la comisión.
“Se está trabajando (la comisión) no tanto en el aspecto estético, no en la contaminación visual. Se está trabajando en la seguridad de todos, tanto de quien está instalando como de quien recibe el servicio de cualquier cable, de cualquier sistema de electricidad, de comunicación”, dijo Abraham Lozano, fundador de la asociación. “Ya está un reglamento establecido y tratamos de homologarlo porque es muy necesario”.
Hace más de un año, añadió Lozano, se presentó la iniciativa a la diputada Alhinna Vargas.
“La intención era mover las voluntades y generar esta conciencia, que no existía, del grave problema que tenemos hoy del cableado”, señaló.
Lozano indicó que más del 50% del cableado actual está en desuso.
“Y eso nos causa un problema muy importante sobre todo de seguridad y obviamente, también de contaminación. (El reglamento) Es poner orden que está perdido y va creciendo año con año.
“Esta iniciativa le da facultades a los municipios, a través de sus reglamentos, que ya contamos con dos, Monterrey y Guadalupe, para reglamentar y que la cablera pueda poner orden en sus materiales”.
Lozano explicó que la altura mínima que se tiene es de 4.50 metros, pero la mayoría de los cables que se ven por las calles están por debajo de esa altura.
“En los cruceros debe ser de 5.50 metros, es por eso que los tráileres, como el de la semana pasada, que se llevó cinco cables y cinco postes, porque los cables están a una altura que no corresponde, no es un error del camión, del tráiler; el cableado no tiene orden”, añadió el activista.
Anteriormente el municipio no podía meter en cintura el tema del cableado porque no tenía un reglamento.
“El Estado le está dando las facultades o todo el marco legal para que estos reglamentos funcionen; si no, una cablera puede aducir a que este es un tema federal y ampararse y no cumplir. Habría un desorden”.
Lozano indicó que como colectivo están buscando homologar que en los municipios todos tengan su reglamento y que el Estado tenga también esta información.
“Y que le dé los avances jurídicos necesarios para que los municipios puedan actuar, pero también el ciudadano. Este es un problema de todos, no nada más de la autoridad”, detalló Lozano.
Hay que reportar
Cada vez que un vecino detecte a una cuadrilla de alguna compañía haciendo tendido nuevo debe hacer lo siguiente:
1.- Tomar fotografía y ubicación como evidencia.
2.- Reportar en los chats de vecinos vigilantes.
3.- Solicitar al instalador que muestre su permido expedido por el municipio.
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4.- La cuadrilla tendrá que retirarse si no tiene permiso.
