Después de que a finales de julio empresarios del transporte de carga denunciaron ser víctimas de extorsiones y acoso por parte de oficiales de tránsito de varios municipios de Nuevo León, este miércoles se firmó un acuerdo entre el Gobierno del Estado y transportistas para combatir cualquier tipo de incidentes relacionados con el ramo de transporte de mercancía.
Autoridades que conforman la Mesa de Construcción para la Paz en el Estado, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) llegaron a acuerdos para intercambiar información.
También para atender las necesidades de los transportistas en las diversas rutas de carácter estatal y federal que cruzan la entidad.
En la reunión, encabezada por el secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco se pactó la firma de un convenio entre los transportistas y las corporaciones policiales para establecer canales de enlace con autoridades federales, estatales y municipales.
“El Grupo de Coordinación para la Seguridad en Nuevo León, la Canacar y la Conatram han consensuado favorecer el apoyo mutuo con una comunicación constante y cordial entre los actores beneficiando a los operadores de carga pesada que transitan por las rúas de la entidad”, se informó.
A finales de julio se realizó una caravana sobre la carretera Saltillo-Monterrey, encabezada por integrantes de Conatram para exigir el apoyo del Gobierno estatal ya que afirman ser víctimas de extorsión en las carreteras estatales.
La Conatram señaló que el transporte en México moviliza alrededor de 590 millones de toneladas de mercancía al año.
“El transporte terrestre de carga es el de mayor movilidad, representa el 79%, aproximadamente 468 millones de toneladas anuales”, detalló el organismo.
Durante 29 años de trabajo en favor del sector del autotransporte a nivel nacional, destacó la Conatram, ha contribuido con el gremio generando una derrama económica.
“A cambio hemos sido agredidos en nuestra economía en los últimos dos años con el mal actuar de algunos malos servidores públicos dependientes de los gobiernos municipales y estatales en el estado de Nuevo León, afectando directamente al gremio y a la sociedad en general, siendo los consumidores finales con el incremento extra”.
