Según datos estadísticos, en el presente sexenio se han asesinado cerca de 50 personas que se dedican a la actividad periodística, sumado a las desapariciones de integrantes de este medio.
En nuestro país, existen marcos normativos que garantizan los derechos humanos de libertad de pensamiento, expresión y de imprenta, así como la seguridad de las y los ciudadanos, incluyendo, desde luego a las y los periodistas, sin embargo, la realidad apunta a que pasamos por momentos difíciles, particularmente, para el gremio periodístico; somos testigos de que es una constante la violencia en su contra, es una realidad el incremento de los atentados contra integrantes de esta actividad; la CNDH considera que el asesinato a periodistas es “un problema de Estado”.
Reitero que es un mandato constitucional que las autoridades, en el respectivo ámbito de sus competencias, garanticen los derechos humanos que tenemos reconocidos las y los mexicanos, lo cual, debemos exigir porque se cumpla a cabalidad; el titular del ejecutivo federal ha manifestado que los medios de comunicación en nuestro país tienen la garantía de expresar libremente sus ideas, aun y cuando no sean coincidentes con el movimiento de “cuarta transformación” y, específicamente, ha ofrecido acabar con la impunidad de los crímenes contra la prensa e instruyó para que se investigue y esclarezca el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California.
El problema que nos ocupa es tal, que la ONU-DH alentó a las autoridades a desarrollar una investigación efectiva y exhaustiva de estos graves ataques, actuando conforme a los estándares internacionales y el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y, sin duda, ante su complejidad, es fundamental que participemos, para su prevención y solución, los distintos poderes, organismos constitucionales autónomos y niveles de gobierno.