De las noticias más mediáticas de los días pasados, están las relacionadas, primero, con la que dio a conocer el periodista Carlos Loret, respecto de una investigación realizada con “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, donde evidencia los “lujos” con los que vive José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de nuestro país, en el extranjero (casas con cine privado en Houston, una camioneta Mercedes Benz y una alberca de 23 metros); segundo, la que tiene que ver con el titular del ejecutivo federal, que señaló que la referida noticia sobre su hijo es un intento de la “prensa conservadora” para desprestigiar su imagen, acusando al mencionado periodista de “golpeador, mercenario, sin principios y corrupto”, y preguntándole cuánto gana al mes y quién le paga.
Al respecto, surgieron un sinfín de opiniones, las afines al movimiento de la cuarta transformación, que coinciden en que es una campaña sucia en contra de nuestro mandatario, así como las de opositores, que establecen que el hecho de mostrar el salario del periodista atenta contra la libertad de expresión, que se vale de su investidura para contar con información privada y que tal noticia puede constituir la probable comisión de un delito.
Considero importante mencionar que, estos temas, son de índole político y, como lo señalé, mediáticos; sin embargo, nuestro país es un estado de derecho en donde la constitución federal (que sienta las bases y los principios sobre los que descansa la vida de las y los mexicanos), y los marcos normativos, deben de cumplirse a cabalidad, sin distinción de autoridades y personas, por lo que, tanto las autoridades, entre las que se encuentra el Presidente de México, así como todas las personas, debemos ser respetuosos de la ley y cumplirla estrictamente.