En las últimas semanas, el periodismo crítico de nuestro país ha dado a conocer un probable conflicto de interés tras publicar las condiciones en las que vive el hijo del Presidente de la República, en un inmueble cuya propiedad se presume, es de un contratista de Petróleos Mexicanos. Hoy en día, no se ha podido justificar con qué actividades económicas ha logrado vivir en una casa con un valor de millones de dólares en el extranjero, lo que nos hace insinuar que al igual que en administraciones pasadas, podría existir corrupción en esta relación.
El Presidente y su equipo de comunicación, en una grave y torpe respuesta al periodismo crítico, decidieron exhibir en su conferencia mañanera los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, lo que provocó una reacción generalizada en la sociedad de desaprobación a este tipo de reacciones por parte del Ejecutivo Federal, no sólo por haber violado diversas disposiciones constitucionales y derivadas de esta, sino por el mensaje que el Presidente manda con este tipo de acciones.
En primer lugar, hemos visto a un Presidente desesperado por desviar la atención en las últimas semanas, ya sea por la fallida propuesta de embajadores en la República de Panamá o con la confusa pausa en la relación con España. Que, si bien han acaparado parcialmente los titulares en nuestro país no han sido suficiente para desviar la atención sobre los ingresos de José Ramón López Beltrán.
En segundo lugar, el Presidente se ha notado iracundo y ha sido nula o malamente asesorado al mandar el mensaje de que usará la maquinaria del Estado para perseguir a quienes cuestionen o se opongan a su proyecto de nación. No existe fundamento alguno para exhibir los ingresos de un ciudadano de esa manera, y de haberlos, no son definitivamente las formas de exhibir esta información ante la sociedad.
El Presidente no solo se ha equivocado, se ha equivocado gravemente y ha corroborado su error. Vivimos un momento funestamente histórico en dónde ejercer el periodismo en nuestro país conlleva un alto riesgo a la integridad. Es un momento en dónde la Administración Pública Federal debería arropar al periodismo y otorgarle garantías. En su lugar, el gobierno no sólo le ha dado la espalda, si no que se ha convertido en uno de los más grandes enemigos de los periodistas. México merece más rendición de cuentas y menos ataques a los periodistas.