Una de las instituciones más fortalecidas a lo largo de los años en nuestro país es precisamente el Instituto Nacional Electoral y no por la gente que la conforma, sino por la civilidad y participación de la ciudadanía que se ha mantenido vigilante a un organismo que tuvo que pasar por varios años de creación sin que tuviera autonomía e, incluso, si nos remontamos más atrás, de una situación en que la centralización de la dependencia encargada de organizar y calificar las elecciones era la ruta que se seguía.
Lamentablemente, lo que había sido una distancia respetuosa a las decisiones de un órgano que debe ser garante de la Constitución, durante la actual administración se ha tornado en una serie de cuestionamientos de todo tipo que, gracias a la interpretación normativa, ha permitido que se fundamenten y motiven sus acciones.
Hoy más que nunca debemos volcarnos todos los sectores de la sociedad a proteger el marco democrático que tenemos y que, a decir, verdad, desde que se dio la autonomía al INE (entonces IFE) se ha salido bien librado y sin mayores cuestionamientos al trabajo en el que, a diferencia de muchos otros organismos ya sea centralizados, descentralizados o autónomos, la ciudadanía ha participado de forma directa por los propios procesos y procedimientos que rigen al Instituto. No hay más ojos en cualquier otra organización como en el INE.
No debemos pasar por alto que la construcción de la democracia en un país, aunque no pasó por etapas de dictaduras como en otros países latinoamericanos, si estuvo envuelta en permanentes cuestionamientos respecto su transparencia y legitimidad a la hora de entregar resultados de ejercicios de representación popular.
Hoy no existe requerimiento, petición o denuncia del INE que se entienda como arbitraria, sesgada o con la única intención de afectar posturas políticas, ya que, de ser así, existen los mecanismos jurídicos que lo impidan, sin embargo, estas peticiones para que se respete la ley son atribuciones que le confiere la normatividad y se hacen exclusivamente para no ensuciar un ejercicio democrático del cual no existe precedente en el país.
Nosotras y nosotros que nos encontramos en el servicio público, debemos ser las y los primeros en respetar y hacer respetar la ley en beneficio no de nuestros proyectos políticos, sino en el pueblo de México que nos ha brindado su confianza.