De acuerdo con datos de Transparencia Internacional, México pasó a ocupar de la posición 130 (2019) a la 124 (2020) entre los 180 países evaluados, lo que implica una tendencia positiva para nuestro país y evidencia buenos resultados del gobierno del presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador contra la corrupción, quien ha expresado que se debe “avanzar más rápido, con más intensidad”, así como que le “molesta mucho enterarme de casos de corrupción”, y que el objetivo es “limpiar, limpiar y limpiar, solo así se va a lograr el renacimiento de México”.
Si bien es cierto, existen avances significativos contra el difícil y añejo problema de la corrupción, también es verdad que el camino aún es largo para erradicarla y las acciones deben ser aun más eficaces y eficientes.
Sin duda, en esta lucha debemos participar todos los poderes y los niveles de gobierno, en el legislativo federal, y en mi calidad de Senadora de la República, en el mes de febrero de este año, presenté dos iniciativas, la primera de reforma constitucional al artículo 3 y, la segunda, que modifica la Ley General de Educación, con el propósito de que se establezca que la educación fomentará en el ser humano, entre otros valores, la cultura de la legalidad.
Así como que en los planes y programas de estudio se incluirá el conocimiento del respeto de la ley, pues considero necesaria la transformación para convertirnos en un país con bajos índices de corrupción, con acciones formativas, pues considero que la educación es una pieza central para combatir esta problemática.
Es mediante la educación, desde casa, con el ejemplo, que podemos cambiar en generaciones presentes y futuras, la posición respecto de nuestro tema: “Que se premie a los honestos y se castigue a los corruptos”.