Definitivamente nada que atente la Constitución de nuestro país puede entenderse como adecuado, ya que vulnera principios que deben ser respetados por mandato del pueblo que busca que en sus representantes se materialice la protección de derechos mínimos y de fenómenos de actuación de las autoridades para evitar agravar las problemáticas, sobre todo cuando se trata de temas de seguridad.
No podemos olvidar que, durante muchos años, quienes hoy gobiernan manifestaron su desagrado por el papel del Ejército en tareas de seguridad pública acusando la militarización del país, lo cual contrasta con esta nueva postura en que la militarización se institucionaliza y se plasma en un documento público como un mandato que, peor aún, es avalado por el Presidente de la República sin la intervención del Congreso.
Con esta decisión, además de la violación a la normatividad vigente, demuestra que seguimos sin contar con una estrategia para abatir los altos niveles de inseguridad propios de una estrategia tibia en la que quienes sufren los estragos son los civiles inocentes que ven cómo sus regiones se vuelven inhabitables.
Ya debiéramos estar enfocados en estrategias que verdaderamente recompongan el tejido social en el que prevalezcan las oportunidades para las y los jóvenes y no sólo pensar en soluciones reactivas que impliquen más matanzas y operativos fallidos en donde.
Además, se pone en riesgo al Ejército mexicano, no sólo en su integridad física ante la falta de armamento y efectivos frente a los grupos del crimen organizado, sino, también en cuanto a la credibilidad que se han ganado con el apoyo al pueblo mexicano. Es evidenciarlos sin cuidarlos.
Lo que necesitamos hoy es una Guardia absolutamente civil, ya que la formación de nuestros militares no está destinada al manejo de situaciones de seguridad pública, es decir, entre civiles, por lo que necesitamos urgentemente es reforzar y apuntalar a la Guardia Nacional de carácter civil, así como a todas las corporaciones locales.
Es momento de dejar de lado las decisiones unilaterales y darle el peso que requiere al Congreso de la Unión como máximo órgano de representación popular en donde todas las visiones y las voces se recojan para tener ideas más acabadas y efectivas en beneficio de una sociedad que no resiste ni una masacre más.