Sin duda, cada vez más se lleva a cabo la venta ilícita de datos, recientemente la empresa “Buró de Crédito” así lo informó, en donde aparece información de personas físicas y morales de carácter confidencial.
Si bien es cierto que el Código Penal Federal, establece un delito en el caso de la “Revelación de Secretos y Acceso Ilícito a Sistemas y Equipos de Informática”; también es verdad que no es suficiente dicha regulación.
Puesto que, como lo adelantamos a finales del 2022, cuando ocurrió el ataque cibernético a los archivos de la Sedena, que fue víctima de ciberataques, en estos tiempos, en donde se transfiere una cantidad enorme de información diariamente, nadie, ni personas ni entidades de gobierno, gozamos de garantías absolutas, para no ser intervenidos en nuestra información cibernética.
Es importante que, en nuestro país, se creen los ordenamientos legales que se adecuen a las realidades imperantes de la sociedad; es indispensable la expedición de una Ley de Ciberseguridad, que garantice la seguridad cibernética de la ciudadanía y de las instituciones gubernamentales.
Así como la protección de nuestros datos personales, es evidente que las amenazas cibernéticas son cada vez más frecuentes, complejas y destructivas, y atentan contra derechos humanos como la vida, la integridad, la salud, el patrimonio, los activos de información, la privacidad, la reputación, los datos personales y, las consecuencias que genera.
Pueden ser muy perjudiciales, por la desinformación que se genera a partir de estos hechos, es necesario que se implementen las políticas públicas que involucren a las tecnologías de la información y comunicación, la rendición de cuentas.
En el Senado de la República ya trabajamos en una ley de este tipo, para proteger la información de las personas, de las dependencias públicas, así como de las instituciones privadas, económicas y financieras.