Durante la madrugada del 2 de marzo del presente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de ordenamientos varios para modificar el marco jurídico en materia electoral. En particular el coloquialmente conocido como el “Plan B” de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en alcance a la primera parte publicada el 27 de diciembre pasado.
Es sabido por propios y extraños que estas reformas contienen diversos cambios profundos al sistema de pesos y contrapesos al sistema democrático vigente de nuestro país y que se ha ido perfeccionando en las últimas tres décadas. Mismos que impactan directamente en la capacidad de operación del Instituto Nacional Electoral y en particular a sus facultades para la conducción y fiscalización de los procesos electorales.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek admitió la demanda de controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral en contra del decreto publicado el 2 de marzo, por lo que se concedió la suspensión respecto de todos los artículos reformados en dicho decreto para que el marco jurídico en materia electoral permanezca en su estado actual en lo que se determina la constitucionalidad de las disposiciones en cuestión.
Los tiempos para resolver este asunto se encuentran comprometidos por la incertidumbre en la operación del Instituto Nacional Electoral y en particular de cara a su actuar en las elecciones federales del 2024, todo esto buscando no causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en este durante el estudio de la constitucionalidad de todas estas disposiciones.
Nuestra Suprema Corte se encuentra una vez más a prueba en términos de constitucionalidad y con la lupa puesta en los tiempos y calidad de lo que llegue a determinar en materia electoral, ya que la polarización en nuestro país es tal que de cualquier manera habrá un bando inconforme, aunque siempre deberá regir la constitucionalidad en su actuar mas que cualquier presión externa que pueda presentarse. Aunque parece que todo este montaje busca presentarles un nuevo enemigo al “pueblo bueno y sabio”.