La tragedia que ocurrió en la estación migratoria de Ciudad Juárez en la que 40 personas murieron y 28 más resultaron heridas, es un crimen de lesa humanidad que requiere una investigación a fondo que deje clara la causa que la originó y se dé castigo sin distingo a los responsables.
El gobierno del presidente López Obrador se comprometió a proteger la vida de las personas migrantes en su paso por territorio nacional, sin embargo, es una vergüenza que a 15 días de estos trágicos sucesos, los funcionarios que están al frente de las dependencias involucradas continúen en la impunidad.
Ni el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ni el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon; ni el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, quienes son los responsables de la política migratoria han presentado sus renuncias, ni han respondido por su negligencia.
Este lunes el presidente López Obrador, nuevamente, en su conferencia los encubrió, y con ello sólo se convierte en cómplice de estos hechos tan lamentables. La respuesta que les dio a los pueblos de El Salvador, Venezuela, Colombia y Guatemala es evasiva y ofensiva, ya que no responde claramente, ni les da certeza, ni justicia a las víctimas y a sus familias.
Por eso, esta semana ante el Senado de la República, insistiremos en llamar a comparecer a los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como la renuncia inmediata del titular del Instituto de Migración. El gobierno federal está en deuda con los migrantes y sus familias.
Es urgente que se aplique una política migratoria que dé garantías de no repetición, que los protocolos se cumplan y que no exista ningún peligro en su tránsito por territorio nacional.
Está muy claro que no puede haber impunidad en un caso tan doloroso para la comunidad internacional y continuaremos exigiendo que se cumpla la ley.