No es necesario y tampoco es correcto, ya que contamos con normatividad aplicable para proteger información que realmente es de seguridad nacional y para acelerar procesos de construcción de proyectos tan grandes como los que se han tratado de proteger, por lo que crear un decreto para esos fines puede generar cierta incertidumbre al interior y al exterior de nuestro país.
No debemos pasar por alto que la legislación en materia de transparencia y protección de datos personales, nos ha costado años construirla, deconstruirla y dejarla en condiciones de que sea útil en beneficio de la ciudadanía, de tal manera que no podemos fomentar los excesos porque ello desincentivará la politización de la ciudadana y el hacer que las y los servidores púbicos entiendan esta obligación de rendición de cuentas como prioritaria.
Por otro lado, debemos ser garantes de la cultura de la legalidad, ya que entendemos que toda obra, ya sea pública o privada, debe pasar por filtros permisos y cumplimiento mínimo de requisitos en materia ambiental, financiera, de viabilidad y otros tantos rubros que nos sirven para ir mejorando todos los aspectos y no sólo para atajar las prisas políticas.
Afortunadamente el Poder Judicial de la Federación, particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha actuado de forma responsable como un contrapeso señalando la inconstitucionalidad de los decretos y explicando a fondo las razones del porqué no permitir que se privilegie el ocultar la información sin fundamentación ni motivación.
Debemos entender todas y todas las que ejercemos el servicio público que nos debemos al pueblo y, por ello, el pueblo debe tener acceso a toda la información que le ayude a tomar decisiones democráticas y entender el rumbo que toma el país.