Por supuesto que sí, sobre todo si consideramos que en esta administración se ha señalado como uno de los logros el aumento de las remesas a pesar de que pertenecen a un fenómeno social en el que el gobierno sólo interviene de forma negativa.
Además porque las remesas se han posicionado, desde hace varias décadas, como uno de los principales componentes del Producto Interno Bruto, por lo que esta situación puede generar problemas financieros graves.
Es decir, es un problema que involucra a una de las principales fuentes de ingresos de nuestro país y, por otro, el grave problema de inseguridad en que vivimos y que se sostiene gracias a las grandes sumas de dinero que se trasladaban en efectivo de un lugar a otro pero que ahora ya idearon una forma de ingresar al sistema financiero sin que haya un rastro adecuado para combatirlo.
No podemos olvidar que nuestro país forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional y se ha comprometido a combatir de forma frontal al lavado de dinero no sólo a través de legislación acorde, sino además por medio de políticas públicas que vinculen de forma interinstitucional a diversas dependencias para seguir el rastro del dinero sucio y cortar el flujo de tal forma que el crimen organizado se vea acorralado y se erradique esta práctica.
Debemos actuar de inmediato y con la mayor preocupación posible, ya que en aras de investigar el delito, se pueden ver afectadas las transacciones legítimas y legales de nuestros paisanos que día a día se esfuerzan para obtener ganancias que les permitan mantener a sus familias a la distancia, por lo que simplemente cerrar todas las vías les afectaría seriamente e impactaría en el bienestar de millones de familias en nuestro país.
Si bien se aplica la Ley Federal para Prevenir e Identificar las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ahora se deben aplicar estrategias de fondo y conjuntas con Estados Unidos de América y las diversas instituciones financieras que se dedican al traslado de remesas, para llevar a cabo un análisis e implementar todos los candados que evite que este delito crezca de manera significativa. Es una bomba de tiempo que, por el beneficio del pueblo de México, debe desactivarse sin generar daño colateral alguno.