En realidad, ese protagonismo no es exclusivo de la administración actual, sino que, por lo menos, en las dos administraciones anteriores, el papel que han jugado las Fuerzas Armadas ha sido preponderante, buscando, incluso, un entramado jurídico que permita una libertad de acción que no contravenga ni derechos humanos ni principios constitucionales en el entendido que el momento histórico que vivimos requiere de la capacidad, disciplina y fortaleza militar.
Hoy tenemos un marco jurídico que permite a nuestras Fuerzas Armadas coadyuvar en tareas de seguridad pública y, al mismo tiempo, dada su enorme capacidad de organización, lealtad y disciplina, se les han encargado otras tareas que, además permiten una transparencia mayor y aun ahorro de recursos porque en muchos rubros tienen la experiencia para entregar buenas cuentas más allá de tareas marciales.
Históricamente, el Ejército ha sido la institución que más ha entregado a la ciudadanía en momentos de desgracia sin pedir nada a cambio, ni siquiera el reconocimiento que se les suele dar a las personas que con valentía y gallardía desempeñan tareas que permiten recobrar la paz, la tranquilidad y el Estado de Derecho, ya que, entienden, esa es su función no con un presidente o con alguna administración, sino con las mexicanas y mexicanos que tienen la esperanza que en las corporaciones militares habrá apoyo sin aprovechamiento alguno.
Desde luego, debemos pugnar por la legalidad y la constitucionalidad de cualquier acto de autoridad, por lo tanto, es primordial revisar la legislación actual a fin de determinar cuál es el espacio que debe ocupar el Ejército y la Marina en el desempeño de sus tareas habituales, las de seguridad pública en forma auxiliar y algunas otras administrativas que son novedosas en función de las actividades que histórica y constitucionalmente ha desempeñado.
Evidentemente, el hecho de que las funciones que hoy realizan las Fuerzas Armadas en circunstancias excepcionales, no implica que no puedan estar sujetas al escrutinio público y a la evaluación de indicadores y metas que se esperan de ellos, para que con esos resultados pueda mejorarse su función, delegar en otras instancias e, incluso, pensar en mantenerlas en las manos que se encontraban antes de ese cambio. Todo sujeto a evaluación de resultados, transparencia y rendición de cuentas.