Lamentablemente, hemos visto en los últimos tiempos que nadie está exento de la intromisión de agentes externos en los sistemas de información a cargo de las instituciones públicas o de particulares. En ese sentido, lo ocurrido recientemente respecto a las personas que están registradas en la Presidencia de la República en el área de comunicación social debe investigarse a fondo, así como aplicar las leyes que protegen los datos personales.
Se trata de un hecho condenable por donde se le quiera ver y como ha dicho el propio jefe del ejecutivo tiene que haber consecuencias. Es inadmisible que como parte de una evidente estrategia para desprestigiar a esta administración se utilice la información privada de profesionales de la comunicación.
Es obvio que la información filtrada tiene como principal, sino que único, atacar al gobierno que en todo momento ha sido respetuoso de la libertad de expresión. Sin embargo, hay grupos de interés que pretenden generar la percepción de que desde la administración federal se impulsan acciones represivas para acallar o intimidar las críticas.
Por eso, es muy importante que se llegue al fondo de este asunto y se deslinden responsabilidades, como lo ha señalado el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde el primer día de su gobierno ha demostrado que es posible y deseable construir una relación abierta, directa y transparente con los medios de comunicación y que ya pasaron los tiempos en que imperaba la opacidad.
El hackeo de las bases que contienen los datos de las y los periodistas que cubren las actividades de la presidencia, así como de otros comunicadores debe recibir la sanción que prevea la ley, pero en especial por el bien de todos debe aclararse porque se trata de un atentado que pretende generar desconfianza hacia las instituciones públicas y afectar al régimen democrático y de libertades en el que vivimos.