El próximo 02 de junio, se llevarán a cabo las elecciones de 500 diputaciones federales, 128 senadurías, 9 gubernaturas, así como la renovación de congresos locales, diversas presidencias municipales, alcaldías, regidurías y síndicos, en total más de 20 mil cargos.
En días pasados, se dio noticia del asesinato de Jaime Vera Alaníz, precandidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la Alcaldía de Mascota, Jalisco; recientemente, de Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social y Jorge Antonio Monreal Martínez, ambos funcionarios del ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas.
Lo anterior, ha encendido los focos rojos en torno a la violencia que se está suscitando en contra de contendientes y funcionarios públicos en el presente proceso electoral, de acuerdo con expansión política, en el proceso de 2021, fueron ultimados 179 políticos (36 aspirantes o candidatos a cargos de elección popular).
Y con la consultora “Etellekt”, durante el proceso electoral 2018 se realizaron 774 agresiones contra políticos y 429 contra funcionarios que no dependen de procesos electorales; 152 políticos fueron ultimados de los cuales 48 precandidatos y candidatos a puestos de elección. Además de 371 funcionarios asesinados.
De conformidad con la Constitución General de la República, es obligación de las autoridades municipales, estatales y federales, ofrecer las condiciones adecuadas de seguridad pública para todas las y los contendientes, funcionarios públicos y la sociedad mexicana.
Considero que la democracia y el desarrollo del proceso electoral no deben verse empañados por la violencia criminal, pues si bien es cierto que existen diferencias políticas e ideológicas entre los distintos partidos políticos, también es verdad que éstas deben arreglarse siempre por la vía pacífica, a través del diálogo y confío plenamente en que las autoridades garantizarán la paz pública y la integridad física de todas y todos los contendientes, precandidatos, candidatos y funcionarios.