Siempre que ocurre un lamentable ataque a cualquier persona llama nuestra atención, pues en un régimen de libertades como en el que vivimos son situaciones que no deben suceder. Por eso, lo primero es expresar nuestra solidaridad y respeto a quienes han sido víctimas de una situación de esa naturaleza.
En el caso de las personas que están relacionadas con las actividades políticas y que buscan participar en los próximos procesos electorales es necesario que se establezcan acciones para protegerlas y garantizar que puedan llevarse a cabo en un clima de paz, seguridad y concordia.
Por ello, el gobierno federal, en coordinación de las autoridades responsables de la organización de los comicios han señalado la conveniencia de poner en marcha una estrategia especial para brindar la protección que se requiere.
Lo importante es que ante ese tipo de hechos reprobables, las instituciones a las que les corresponde la investigación de los ilícitos y la aplicación de la Ley, lo hagan de manera eficiente para fortalecer el Estado de Derecho y con estricto respeto a los derechos humanos.
La democracia mexicana se ha institucionalizado en los años recientes y hoy contamos con un robusto régimen de libertades, lejos de los tiempos del autoritarismo y de la época en la que desde el Estado se operaba en contra de los opositores para acallar sus voces.
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Si bien nadie puede ocultar que hay zonas en donde la situación de seguridad es más delicada, lo cierto es que en la mayor parte del país se viven condiciones de normalidad democrática.
En aquellos lugares donde se haya detectado la presencia o la operación de grupos delictivos, las instituciones públicas pondrán mayor atención.
Lo fundamental es no preocuparse, sino ocuparse para garantizar a la ciudadanía el ejercicio de un derecho básico para la democracia que es el del voto en plena libertad como ha sucedido desde 2018 en todas las elecciones que se han celebrado.