Desde hace algún tiempo hemos visto que hay personas u organizaciones interesadas en comerciar con los datos de la ciudadanía con el propósito de lucrar, pues se trata información que utilizan para beneficiar a sus negocios. Se trata de una conducta indebida que requiere de la intervención de las autoridades pues esta situación está regulada por la ley.
Ante los avances tecnológicos que facilitan la acumulación de una gran cantidad de datos privados, hay empresas que pretender tener dicha información para, en el mejor de los casos, ampliar sus mercados y acercarse a esas personas para promover sus productos sin su autorización, pero en ocasiones también se corre el riesgo que se usen para el robo de identidades.
Por esta razón, en el país operan instituciones como la policía cibernética que se dedica a la investigación de esos ilícitos y en caso de que se comprueben existe un robusto marco jurídico que debe aplicarse estrictamente.
En situaciones como el llamado hackeo de la plataforma de solicitantes de empleo las instituciones investigadoras, así como las de procuración e impartición de justicia deben actuar de manera rigurosa.
En realidad, quien lleva a cabo esas prácticas ilícitas dispone de una gran cantidad de recursos, pues acceder a la información personal de decenas de millones de mexicanas y mexicanos tiene un costo demasiado alto para suponer que se trata de delincuentes comunes.
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Lo fundamental es que se conozca cuál es el verdadero propósito de esa acción y que se castigue tanto a los responsables de intervenir maliciosamente las plataformas que contienen datos personales, como a quienes las adquieren para fines desconocidos.
Sin duda, los avances informáticos han significado una forma de facilitar la vida de todas y todos, pero hay que reforzar la protección de los datos y, en especial, reforzar aquellas acciones que eviten su mal uso.