El próximo 1 de junio, México vivirá un proceso inédito: se elegirán 881 cargos judiciales a nivel federal y 1,423 del fuero común. Debe hacerse notar que nunca antes se había intentado algo así ya no digamos en el país, sino en el mundo.
Precisamente por lo inédito de la estrategia en materia de justicia, ha despertado todo tipo de comentarios, en donde existen más dudas que certezas.
El centro de ese debate lo constituye la pregunta de si de verdad elegir jueces, magistrado y ministros por voto directo, resolverá los problemas principales de la impartición de justicia en el país.
El pasado 14 de abril iniciaron las campañas del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial federal y el 24 de abril en el Estado de México; durante estos días los aspirantes podrán difundir su trayectoria profesional, méritos y visión sobre la función jurisdiccional, así como sus propuestas de mejoras del sistema de impartición de justicia.
Asimismo, hay que comentar que para que la contienda electoral se lleve a cabo en condiciones de equidad, se emitieron lineamientos para garantizar piso parejo y el cumplimiento de las reglas de propaganda en las que se establecen las acciones permitidas y las que deben evitar las personas participantes y las autoridades gubernamentales.
Por ejemplo, tienen prohibido recibir financiamiento público o privado para sus campañas, la contratación directa o indirecta de espacios en radio, televisión o de cualquier otro medio de comunicación, así como de espacios publicitarios y de promoción personal en medios de comunicación impresos o digitales.
Hasta ahí todo bien, amables lectores. Sin embargo, nadie ha podido responder con certeza a que si este gran cambio significará resolver los problemas que muchos especialistas señalan como los verdaderos obstáculos para la impartición de justicia en el país, y señalan los siguientes:
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En México 92.9 por ciento de los delitos no se denuncian, por pérdida de tiempo, desconfianza en las autoridades y percepción de que de nada sirve la denuncia. Si no se ataca esto de raíz, opinan los especialistas, ningún nuevo juez podrá cambiar este sistema.
Otro gran problema es que el presupuesto de las fiscalías en México no corresponde a la magnitud de los problemas que enfrenta. Mientras no existan recursos económicos suficientes la impartición de justicia quedará corta en sus objetivos centrales.
Otro obstáculo que señalan los especialistas se refiere a que la coordinación entre fiscalías y policías sigue rota. Señalan que garantizar la interconexión de sistemas de investigación, fortalecer capacidades técnicas y asegurar la sostenibilidad financiera de estos procesos debe ser una prioridad inmediata.
Como vemos, amables lectores, la elección de jueces por voto popular cambiará al personal, sin poder asegurar que el que llegue sea más capaz, pero los problemas estructurales seguirán ahí, si no se atacan de raíz.
Necesitamos un cambio, desde luego, pero paso a paso, desde abajo, no desde arriba porque las bases seguirán igual. Pero usted tiene la última palabra de este debate.
Hasta la próxima.